En medio de toda la polémica generada a raíz de la sentencia del Supremo que obliga a las escuelas a aplicar un 25% del castellano en las aulas y el caso de la familia de un niño de P5 que ha exigido que esta sentencia se aplique en la clase de su hijo de P5 en una escuela de Canet, el Consell per la República ha pedido por carta al Govern de la Generalitat que garantice el catalán como lengua vehicular en los centros de Catalunya, manteniendo el modelo de inmersión lingüística. Así, el Govern tendrá que liderar, según el Consell, la respuesta "ejecutiva y de carácter urgente" a esta dramática situación.

 

Este "nuevo asedio al catalán por parte del Estado español", tal como definen la sentencia del Supremo, tendrá "una respuesta contundente del Consell", según asegura la misma entidad en un comunicado. Esta respuesta ha empezado por una carta dirigida al Govern en que ha pedido que se haga efectiva "la Ley de educación que fija el régimen lingüístico derivado del Estatut". Además, la entidad presidida por Carles Puigdemont también ha elaborado un informe jurídico con posibles acciones legales que podrán emprender las personas que vean vulnerados sus derechos lingüísticos. Estas van dirigidas especialmente a la comunidad educativa, tal como específica el Consell.

"El españolismo más agresivo"

La entidad ha aprovechado esta carta para expresar su "preocupación por el progresivo deterioro de la situación lingüística en nuestro país en un contexto de diagnóstico crítico". Al mismo tiempo, el Consell cree que el papel institucional a la hora de dar una "respuesta ejecutiva y de carácter urgente" a la dramática situación del catalán lo tiene que asumir la Generalitat de Catalunya. Según se recoge en la carta, la Generalitat también tiene que actuar ante "el españolismo más agresivo para promover la minorización de la lengua catalana y la segregación de nuestra comunidad nacional".

Colaboración institucional

Tal como destaca la institución encabezada por el president Puigdemont, sus acciones tienen que servir para establecer mecanismos fuera de la autonomía para blindar "un sistema educativo de éxito", como es el de la inmersión lingüística y la protección del catalán como lengua vehicular y pilar fundamental del país". Entre estas acciones destacan una rueda de reuniones con diferentes actores como sindicatos, juristas y agentes educativos para "trazar una estrategia de defensa jurídica e institucional".

Por todo eso, el Consell ha emplazado a través de esta carta al Govern a iniciar una colaboración institucional con ellos, siempre con el objetivo de unificar sus criterios y actuaciones, "para la defensa y protección del catalán como lengua vehicular de la enseñanza y oficial en Catalunya".

Discrepancias entre socios

Ayer, la batalla por la inmersión lingüística llegó al Parlament con interpelaciones, mociones e incluso una protesta —con pitada incluida— convocada por Vox delante de la Cambra catalana. Los grupos de la CUP, Ciudadanos y el PP han presentado mociones que se debatirán en el pleno de esta semana coincidiendo con el nuevo episodio de reproches y discrepancias entre los socios de Govern, que han vuelto a discutir en público sobre como se tendría que defender el modelo de inmersión. Estas disputas se alejan de las peticiones que hace el Consell per la República para defender la lengua de los nuevos ataques.

Por su parte, el president Pere Aragonès ha reclamado que "se deje en paz la escuela catalana", insistendo que "el modelo lingüístico es un modelo de éxito, de consenso político, social y pedagógico" y que Educació está trabajando para encontrar una salida que sea "permanente y sólida" y pueda tener continuidad en el tiempo.

En la imagen principal, Carles Puigdemont, president del Consell per la República / ACN