El govern del Consell de la República ha manifestado que la acusación de terrorismo contra 12 miembros de los CDR es claramente una represión política y la demostración de que España persigue a un Grupo Objetivamente Identificable (GOI) de personas, tal como contempla una reciente sentencia de la Justicia europea. "Se hace evidente que la lucha independentista, por más subversiva que sea, es y siempre será legítima, pacífica y no violenta. Es por eso que identificar a los CDRs como terroristas es una persecución política. España demuestra una vez más su falta de democracia y estado de derecho cuando persigue a un Grupo Objetivamente Identificable", añade.

El govern del Consell considera que la acusación de terrorismo es una "venganza" por haber celebrado el referéndum del 1-O. "El govern del Consell de la República manifiesta que la gravedad de estas acusaciones es una prueba más de que la venganza del Estado represor por la victoria del 1-O no cesa. Estos hechos son una flagrante vulneración de derechos que, perpetuamente, la justicia represora española ejerce contra el independentismo catalán. El govern del Consell muestra todo el apoyo a los encausados. El poder judicial es una vez más el brazo ejecutor del Gobierno para perseguir al movimiento independentista en un evidente caso de lawfare. A pesar de todas las causas abiertas, avisamos de que el independentismo continúa determinado y decidido hasta la liberación de la nación catalana", apunta. El Consell también ha reclamado una "reacción conjunta" de todo el movimiento independentista contra la represión.

El juez titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha dado por cerrada este jueves la instrucción contra 12 miembros de los CDR acusados de terrorismo, en el marco de la denominada Operación Judas. El magistrado ha enviado la causa a la sala de lo penal del mismo juzgado para que decida si se tiene que abrir juicio contra los procesados, a los que acusa de delitos de pertenencia a organización terrorista y de tenencia y fabricación de bombas. El primero comporta penas de prisión de entre seis y doce años mientras que el segundo, de ocho a quince años. Es la segunda vez que se concluye la instrucción de este caso porque uno de los investigados había pedido que se practicaran más diligencias.

La defensa de la mayoría de los CDR, liderada por el colectivo Alerta Solidària, denunció reiteradamente que García Castellón estaba poniendo trabas en sus diligencias y que estaban teniendo problemas para tener acceso a todas las actuaciones que formaban parte de la causa. De hecho, cuando el juez selló el sumario por primera vez, Alerta Solidària se quejó por la "irracional" decisión del juez ante "la información ingente" sobre diligencias solicitadas que habían sido rechazadas.