El artículo 155 de la Constitución española no permite el cese del president y todos sus consellers, como acordó el Gobierno español. Tampoco la intervención del Parlament de Catalunya en los términos en que ha sido planteado por Mariano Rajoy. Esta ha sido la advertencia del Consell de Garanties Estatutàries en un dictamen emitido este jueves. El dictamen es el paso previo al recurso de inconstitucionalidad por parte del Govern.

En sus conclusiones, el órgano consultivo señala que las medidas del 155 "se tienen que caracterizar por un contenido y una previsión de aplicación gradual, tienen que tener una concreta vigencia temporal o provisional, tienen que ser proporcionadas y tienen que ser limitadas a las estrictamente necesarias y estar acotadas en los ámbitos directamente concernidos e imprescindibles para alcanzar el interés constitucional que las justifica". De la misma manera, también establece que "no pueden tener finalidad sancionadora".

En este sentido, el Consell de Garanties avisa de que "no respetarían esta configuración el cese del president y del Govern de la Generalitat, la limitación de las funciones esenciales del Parlament, ni tampoco la adopción de medidas generales de intervención de la Administración de la Generalitat".

 

Según el Consell de Garanties, las respuestas del president Puigdemont a los requerimientos del Gobierno español "no acreditan una realidad sustantiva incuestionable" que justifique la aplicación de las medidas. Esto reclama una "constatación fehaciente e indudable". No es suficiente con "una mera suposición indiciaria o preventiva de posibles actos de futuro", añade. "Es esencial para su aprobación definitiva que el Senado compruebe y constate, en última instancia y de forma irrefutable, que la Generalitat ha incumplido el objeto del requerimiento".

Concretamente, sobre la intervención en el Parlament de Catalunya y su actividad, acordada por el Consejo de Ministros, el órgano consultivo indica que la "supresión y limitación de las facultades" de la cámara catalana "desnaturalizan el carácter representativo de la cámara y vulneran el derecho fundamental de los diputados del Parlament al ejercicio de sus cargos parlamentarios".

El dictamen, hecho público este jueves mientras se celebraba el pleno del Parlament de respuesta a la aplicación del artículo 155, ha sido adoptado por siete votos a favor y uno en contra.