Cinco grupos del Parlamento Europeo –socialistas, liberales, verdes, izquierda unitaria y el grupo liderado por el UKIP– están terminando el documento para solicitar formalmente que el comisario de Energía, el español Miguel Arias Cañete, comparezca en la reciente creada comisión sobre los Papeles de Panamá. Según ha podido saber El Nacional, la petición se presentará en el mes de septiembre.
Eurodiputados españoles
La iniciativa, abanderada por eurodiputados españoles como el ecosocialista Ernest Urtasun o el socialista Javi López, llega después de que Cañete consiguiera que el interrogatorio de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la cámara europea fuera más suave de lo que es habitual.
El representante español compareció para dar explicaciones sobre el caso Acuamed y la aparición de su mujer en los Papeles de Panamá. Cañete, con la intercesión de los populares europeos y el visto bueno del presidente de la Eurocámara, el socialista Martin Schulz, consiguió que la comparecencia fuera a puerta cerrada y que los europarlamentarios entregaran antes las preguntas que querían hacer.
"Me siento legitimado para seguir en el cargo", dijo Cañete este martes después de la sesión. Nada que ver con la percepción que tienen, sobre todo, los eurodiputados españoles que entienden que los populares europeos intentaron blindar Cañete para contener las consecuencias de un interrogatorio convencional que podría haber dejado en evidencia al comisario español y, de paso, debilitar el liderazgo del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker.
La comisión de los Papeles de Panamá
Nada satisfechos con la comparecencia a puerta cerrada a la comisión de Asuntos Jurídicos, este grupo de europarlamentarios forzará la comparecencia de Cañete en la comisión de los Papeles de Panamá. Con toda probabilidad saldrá adelante pero en lo que no hay unanimidad es en la posibilidad de pedir la dimisión del español; sólo Izquierda Unitaria (Izquierda Unida y Podemos) y los Verdes la pedirán seguro.
La sombra de la duda
Este martes, Cañete aseguró que la compañía vinculada a su mujer y que consta en los Papeles de Panamá quedó "totalmente inactiva" el año 2010, cuatro años antes de que él entrara en el Parlamento Europeo. Si la petición de comparecencia prospera, lo volverán a interrogar sobre esta cuestión y sobre dos casos más: el caso Acuamed y el caso de una mina de uranio planificada en una área protegida de Salamanca.
La Audiencia Nacional está investigando este último caso. Las propiedades del uranio obligan a extremar las precauciones a la hora de manipularlo. Es por eso que algunas voces cuestionan que se diera luz verde a un proyecto de mina al aire libre y en un área protegida. El caso es que el informe positivo de la Comisión Europea lo firmó Arias Cañete y que la empresa responsable de la mina estaba asesorada por un exalto cargo de Cañete cuando era ministro de Agricultura.
Por otra parte, Acuamed –empresa pública vinculada al ministerio de Agricultura– está siendo investigada por su relación con una red de corrupción. El exministro de Agricultura no está acusado de nada pero en el sumario de la instrucción consta una reunión con una empresa que pedía una compensación con dinero público por una obra que no generó los beneficios esperados.
Responsabilidades políticas
Todos los eurodiputados españoles cuestionan la idoneidad de que Arias Cañete continúe en el cargo de comisario. Pero no sólo los españoles. "Creo que el comisario tendría que dimitir inmediatamente, no porque se haya demostrado que existe nada ilícito o criminal, sino para defender la credibilidad de las instituciones europeas", decía el martes el diputado liberal portugués, António Marinho. Y es que lo que piden los europarlamentarios son responsabilidades políticas y no penales.
Entre los 65 miembros que integran la comisión de los Papeles de Panamá hay siete españoles: Luis de Grandes (PPE), Pablo Zalba (PPE), Ramón Jáuregui (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Maite Pagazaurtundúa (ALDE), Ramon Tremosa (ALDE) y Miguel Urbán (GUE/NGL). La comisión presentará las conclusiones en el plazo de un año y tiene como objetivo determinar si ha habido infracción de la legislación comunitaria sobre evasión y blanqueo.