Tres años exactos después de las elecciones generales de 2023, este pasado jueves 23 de julio el Congreso de los Diputados bajó la persiana por vacaciones; reabrirá en septiembre para encarar el último tramo de una legislatura marcada, resumidamente, por la agonía. No solo la judicial. Pedro Sánchez está asediado por los casos que afectan a su Gobierno, su partido y su entorno familiar. Ya acumula tres sentencias en contra: la del ex fiscal general del Estado, la de José Luis Ábalos por el caso Koldo y la de su hermano David Sánchez. Pero no es lo único que le ahoga; también la aritmética parlamentaria. Ya hace casi un año que Junts per Catalunya rompió con el PSOE y que aprobar cualquier cosa en la cámara baja se ha convertido en un quebradero de cabeza. El presidente del Gobierno pretende presentar después de las vacaciones de verano y antes de las de Navidad los presupuestos generales del Estado, y el Congreso también deberá abordar antes de que se convoquen las próximas elecciones generales dos carpetas que afectan especialmente a Catalunya: el nuevo modelo de financiación y la condonación de la deuda del FLA.
Este pasado jueves, el Congreso dio el primer paso para acabar aprobando el proyecto de ley para que el Estado asuma 83.254 millones de euros de deuda de las autonomías. Se trata de una norma pactada entre Esquerra Republicana y el Gobierno a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Los republicanos lo firmaron para Catalunya, pero el ejecutivo lo ha hecho extensible al resto de comunidades. El Estado asumiría cerca de 83.000 millones de euros de deuda de las autonomías de régimen común; 17.104 en el caso de Catalunya; un 22% de la deuda con el FLA y el 19,9% de la deuda total del país. Ahora la norma debe afrontar un periplo que acostumbra a ser largo antes de llegar al Pleno; habrá que pisar el acelerador ante la amenaza constante de que Sánchez anticipe elecciones. En cualquier caso, Junts per Catalunya ya ha advertido que pretende mejorar y ampliar la condonación hasta el 100%.
Este próximo miércoles, por otro lado, se producirá una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el objetivo de aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica; también pactado con Esquerra Republicana, esta vez a cambio de la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. Se prevé que las autonomías gobernadas por el PP se opongan, pero el acuerdo podrá salir adelante con el aval del Gobierno y de la Generalitat, en manos del PSC. Según el borrador remitido a las comunidades, el nuevo modelo inyectaría 20.975 millones de euros adicionales en 2027, con la cesión del IRPF del 50% al 55% y del IVA del 50% al 56,5%. Una vez validado en el CPFF, el texto deberá pasar por el Consejo de Ministros, previsto para septiembre, y luego ser elevado al Congreso.
Es aquí donde la norma lo tendrá más complicado. Junts ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad que reclama un concierto económico para Catalunya al estilo vasco. Como ellos pueden ser la única formación que vote a favor, se prevé que su texto decaiga y que continúe con su tramitación, pero la norma decaerá si los juntaires mantienen la exigencia de un concierto igual que el vasco durante el tramo final de la tramitación; cuando se tenga que producir su votación definitiva.
Presupuestos generales del Estado
Este mismo jueves, el Congreso tumbó por segunda vez la senda de estabilidad presupuestaria 2027-2029. Sin embargo, el Gobierno podrá elaborar igualmente los presupuestos generales del Estado para 2027 tomando como referencia el Plan Fiscal Estructural de medio plazo pactado con la Comisión Europea. Lo que sí se pierde con la caída de la senda es el margen fiscal adicional para las autonomías, que ahora deberán presupuestar en equilibrio en lugar del 0,1% de déficit previsto. La intención de Sánchez es presentar entre septiembre y diciembre unos presupuestos tan expansivos como sea posible, aun sabiendo que, si no se alinean los astros, las cuentas acabarán cayendo en el Congreso. Este escenario le permitiría a Sánchez disponer de una justificación para adelantar las elecciones generales, presentándolo no como una consecuencia de los casos judiciales que lo asedian, sino como un bloqueo de la cámara a su proyecto de país.
Vivienda
En paralelo, el Consejo de Ministros deberá aprobar un nuevo decreto ley de vivienda. Es el segundo intento del Gobierno después de que el pasado 28 de abril el Congreso tumbara un decreto anterior con el mismo objetivo: una prórroga reforzada de los contratos de alquiler que venzan antes del 30 de junio de 2028. Junts se ha mostrado dispuesto a negociar el texto, pero ha advertido que no apoyará medidas que, a su parecer, han contribuido a mantener viva la crisis de la vivienda. Reclaman bonificaciones fiscales a los propietarios y medidas contra la ocupación.