El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha defendido con contundencia la sentencia que obliga al Tribunal Supremo a aplicar la amnistía al delito de malversación del procés independentista, una decisión que allana el regreso de Carles Puigdemont a Catalunya. En una entrevista publicada este domingo por El País, reivindica la autoridad del tribunal que preside ante las discrepancias con el Supremo, rechaza que en España haya lawfare o guerra judicial, pero reconoce que existe un grave problema de judicialización de la política. También lanza una advertencia a quienes cuestionan la legitimidad de las decisiones del Constitucional: "Quien cuestiona el Tribunal Constitucional está cuestionando la Constitución y quien cuestiona la Constitución está cuestionando la democracia". La entrevista llega después de que el Constitucional haya resuelto uno de los principales conflictos jurídicos sobre la aplicación de la ley de amnistía. La sentencia, redactada por el mismo Conde-Pumpido y aprobada por siete votos contra cinco, establece que el Supremo debe amnistiar la malversación vinculada al procés. La decisión ya ha provocado el levantamiento de las órdenes de detención contra Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, y abre un nuevo escenario político a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre.
A sus 77 años y después de una larga trayectoria como magistrado del Supremo, fiscal general del Estado y presidente del Constitucional, Conde-Pumpido asegura que se siente satisfecho del trabajo realizado y preparado para retirarse. Pero antes deja fijada una doctrina de gran trascendencia para el futuro judicial del procés: la amnistía también incluye la malversación atribuida a los dirigentes independentistas, y el Supremo debe aplicarla respetando los derechos fundamentales reconocidos por el Constitucional. Por lo tanto, la sentencia no se limita a anular la interpretación del Supremo, sino que le ordena expresamente declarar amnistiado el delito de malversación. Es precisamente esto lo que critican los cinco magistrados discrepantes, que acusan a la mayoría de haber suplantado las funciones del Supremo. Pero Conde-Pumpido responde con una afirmación contundente: "El Supremo es el órgano superior en todos los ámbitos, excepto en materia de derechos fundamentales protegidos por garantías constitucionales. El último intérprete, el último garante de estos derechos, es el Tribunal Constitucional". Y Conde-Pumpido recupera una afirmación de Manuel García-Pelayo, primer presidente del tribunal, para justificar la intervención del Constitucional en las decisiones del Supremo. "Nada que afecte a los derechos fundamentales es ajeno al Constitucional".
¿Por qué el Supremo se equivoca con la malversación?
Conde-Pumpido considera que el principal error del Supremo ha sido trasladar los criterios del delito penal de malversación. "La argumentación incurría en el error de aplicar los requisitos penales de la malversación a una ley completamente diferente, la ley de amnistía, que tiene su propia autonomía, su propia finalidad, su propio espíritu y sus propios objetivos", explica. El Supremo sostenía que los dirigentes independentistas se habían beneficiado personalmente del dinero público utilizado para organizar el referéndum porque así se habían ahorrado pagarlo de su bolsillo. El presidente del Constitucional rechaza este razonamiento: "Consideramos que la excepción a la amnistía de la malversación se refiere a supuestos de corrupción en los que se han sustraído fondos destinados al procés para desviarlos al aprovechamiento particular. Un supuesto que aquí no se da".
A pesar de la contundencia de la resolución, Conde-Pumpido evita acusar a los magistrados del Supremo de haber actuado deliberadamente para impedir la aplicación de la amnistía. "Creo que actuó con toda corrección, de acuerdo con su criterio", afirma. Y añade: "Nosotros no decimos que haya habido nada reprobable, sino que entendemos que la amnistía debe incluir a todos los ciudadanos afectados". Ahora bien, deja clara la jerarquía en materia de garantías constitucionales: "Actuamos siempre con absoluto respeto al Tribunal Supremo y a todos los tribunales de justicia, pero en materia de derechos fundamentales la competencia corresponde de manera exclusiva al Tribunal Constitucional", insiste. En cuanto a la ejecución de la sentencia, Conde-Pumpido destaca la rapidez con que ha reaccionado el Supremo después de levantar las órdenes de detención contra Puigdemont, Comín y Puig. "Están actuando con la máxima diligencia y celeridad", asegura, recordando que ahora corresponde a los magistrados del Supremo adoptar las decisiones necesarias para aplicar la doctrina constitucional.
Del 155 a la amnistía: el papel del TC en Catalunya
El presidente del tribunal reivindica la coherencia del Constitucional durante toda la crisis catalana. "Me gustaría recordar que cuando se produjo el procés, el Tribunal Constitucional actuó con gran energía anulando leyes que se consideraban inconstitucionales, como la ley de transitoriedad o la ley del referéndum, o incluso avalando la aplicación del artículo 155 de la Constitución", señala. Ahora, argumenta, el mismo tribunal tiene la obligación de garantizar la aplicación de una ley de amnistía aprobada pel Parlament español. "Una vez aprobada pel Parlament una ley de amnistía, estamos obligados a hacer que esta norma se aplique de acuerdo con su interpretación constitucional", afirma. En este sentido, defiende que no existe ninguna contradicción entre haber frenado jurídicamente el proceso independentista y garantizar posteriormente la amnistía de sus responsables.
Sobre si la ley ha contribuido a la reconciliación política en Catalunya, evita pronunciarse. "Eso no me corresponde decirlo a mí", responde, antes de puntualizar: "Nosotros no hablamos sobre si una ley tiene una técnica acertada o sobre sus efectos. Nos pronunciamos exclusivamente sobre si la decisión del legislador cabe o no cabe dentro de la Constitución". Conde-Pumpido también considera decisivo el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la amnistía. "Para nosotros fue un aval muy importante", reconoce. Y subraya que el tribunal europeo consideró que la ley era compatible con el Estado de derecho europeo y citó expresamente la sentencia del Constitucional que había declarado su constitucionalidad.
La relación entre política y justicia
Una de las reflexiones más significativas de la entrevista es la que Conde-Pumpido dedica a la relación entre política y justicia. Sus palabras introducen un matiz importante en el debate sobre la guerra judicial: rechaza la existencia del lawfare, pero al mismo tiempo describe un sistema que permite trasladar las disputas políticas a los juzgados y exponer a los investigados a juicios públicos antes de que exista una resolución judicial definitiva. "No, no creo que exista lawfare en España. Lo que tenemos es un problema de arquitectura procesal que no existe en ningún otro país europeo. Es un problema de judicialización de la política", afirma. Admite que el sistema permite convertir los conflictos políticos en procedimientos penales, que los juicios paralelos pueden perjudicar gravemente a los investigados y que la presunción de inocencia no está lo suficientemente protegida. En este sentido, el presidente del Constitucional denuncia que prácticamente cualquier controversia política se puede convertir inmediatamente en un procedimiento penal. "Cualquier debate político sobre cualquier cuestión se convierte en un proceso penal inmediatamente a través de unas organizaciones que se dedican a ello", sostiene. Y añade una afirmación especialmente contundente: "Este tipo de organizaciones no existen en el resto del mundo, y ningún país europeo admite que los partidos políticos puedan participar directamente en los procesos penales". Para el presidente del Constitucional, pues, el problema no es la existencia de una guerra judicial organizada, sino las deficiencias de un modelo procesal que facilita la judicialización de la política.
Ante la posibilidad de que un juez instrumentalice políticamente una investigación, sostiene que el sistema dispone de mecanismos para detectarlo y corregir posibles abusos, pero advierte de las consecuencias que puede tener la excesiva judicialización de la vida pública. "Hay una judicialización excesiva de cualquier debate social, económico o político. Y a veces sufrimos juicios paralelos que en otros países no existen", lamenta. También reclama un mayor respeto por la presunción de inocencia durante todo el procedimiento judicial y reconoce que, a pesar de los esfuerzos del Constitucional, "no se ha alcanzado el nivel suficiente".
La pluralidad interna del tribunal
Conde-Pumpido también sale al paso de las acusaciones de politización del Constitucional, especialmente después de que la sentencia sobre la malversación haya vuelto a evidenciar la división entre los siete magistrados progresistas y los cinco conservadores. Rechaza que esta fractura implique subordinación a los partidos políticos y recuerda que la mayoría de las más de 600 sentencias dictadas durante su presidencia se han aprobado por unanimidad. "No es un síntoma de polarización. Es un reflejo de la pluralidad interna del tribunal", argumenta. Y ante las acusaciones del PP, que le ha situado al servicio del Gobierno español, pero también del hecho de que el propio ejecutivo haya dado por descontado que la mayoría progresista del Constitucional le daría la razón, Conde-Pumpido reivindica la independencia de la institución: "Cuando se habla de la independencia de los tribunales, hay que incluir la independencia del Tribunal Constitucional, y esta independencia debería ser respetada". Y remacha: "Ningún miembro de un poder del Estado debería descalificar o cuestionar las decisiones del Constitucional ni de ningún otro tribunal".
La renovación del Constitucional, sin embargo, continúa pendiente. El mandato de Conde-Pumpido y de tres magistrados más expiró en diciembre de 2025, pero el Senado ha ido aplazando el proceso. El plazo para que las comunidades autónomas presenten las propuestas finaliza el 30 de noviembre, el día después de las elecciones generales, una circunstancia que podría condicionar el futuro equilibrio del tribunal.