Pocos minutos después del anuncio de la propuesta del tercer grado para los presos políticos, ya se han empezado a oír las voces sobre un posible recurso. La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, el tribunal sentenciador, una vez agotadas ya todas las vías.

El tercer grado no es inminente. Hace falta todo un proceso que se puede alargar dos meses antes de que sea efectivo.

Las juntas de tratamiento de cada prisión trasladan sus propuestas al Servei de Classificació de la Secretaría de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima.

A partir de hoy se abre un nuevo periodo máximo de dos meses para que este servicio estudie el conjunto de las propuestas, para garantizar que los diferentes centros penitenciarios se han pronunciado con criterios homogéneos.

El Servicio de Clasificación las resolverá después de confirmar la coherencia entre las decisiones de las tres juntas de tratamiento que las han formulado. Tal como establece la ley, una vez resueltas, las clasificaciones se tendrán que revisar otra vez en un plazo máximo de medio año.

Cuando el Servei de Classificació haya resuelto las clasificaciones, las notificará a las personas afectadas y a la Fiscalía. Las resoluciones se podrán recurrir ante el juzgado de vigilancia penitenciaria correspondiente. La decisión de este juzgado también se podrá recurrir, en última instancia, ante el tribunal sentenciador, que es el Tribunal Supremo.

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