La investigación del espionaje a personalidades independentistas está dejando mucho que desear. Si en el Gobierno el PSOE se niega a dar explicaciones, en el Parlament de Catalunya la constitución de la comisión de investigación está estancada por desavenencias entre los impulsores de esta comisión y en especial entre ERC y Junts. Fueron cuatro partidos los que el 3 de mayo anunciaron que crearían una comisión de investigación sobre el CatalanGate en el Parlament para intentar aclarar los hechos. Desde entonces no se había vuelto a hablar de este órgano, y ha sido hoy que la CUP ha cargado contra ERC y Junts por "boicotear" la creación de la comisión de investigación.
Según ha remarcado la diputada anticapitalista Laia Estrada, la CUP presentó hace más de un mes un plan de trabajo para el funcionamiento de la comisión, pero ERC y Junts "bloquean" la creación. "No lo entendemos y les pedimos explicaciones, porque sobre la mesa sólo hay excusas de mal pagador". ¿A qué excusas se refieren los cuperos? Según ha podido saber ElNacional.cat, el principal escollo se encuentra en la presidencia de la comisión. Varias fuentes consultadas de la CUP, ERC y Junts aseguran que en un primer inicio los tres partidos la querían presidir, después la CUP se retiró y ahora el desacuerdo latente es entre ERC y Junts, y es que ambas formaciones reconocen que hay que ponerse de acuerdo con "aspectos internos" para desencallar la situación.
Los partidos presentaron la propuesta de resolución para crear esta comisión alegando que en el Congreso, los votos del PP, PSOE, Vox y Cs habían vetado la comisión de investigación en Madrid: "El Parlament de Catalunya no puede quedar impasible ante la gravedad de los hechos, en que atentan directamente contra derechos fundamentales," explicaban en un comunicado dónde también añadían que la comisión de investigación tendrá como principal objetivo conocer los detalles de estas intromisiones por parte del Estado a través del CNI, aparte de aclarar los detalles de las estructuras orgánicas y técnicas adscritas a los ministerios de Defensa, Interior, Exteriores, Presidencia, Vicepresidencia económica y Justicia del estado español que hayan participado, de forma directa o indirecta, en la monitorización y control de los afectados.
Características iniciales de la comisión
Con respecto a las formalidades, en la explicación inicial los grupos explicaron que este órgano podrá llevar a cabo las acciones legislativas y judiciales pertinentes a la vista de las conclusiones, y exigieron, para el caso de que se deriven, las responsabilidades políticas, penales o civiles pertinentes, algo que los independentistas y los comuns ya han reclamado en numerosas ocasiones. La comisión tendrá un año de vigencia, redactará un informe final y elaborará un dictamen que será debatido por el pleno del Parlamento. Además, estará integrada por dos miembros de cada grupo parlamentario y se prevé la posibilidad de que asistan técnicos, responsables políticos, funcionarios públicos y altos cargos de la Administración General del Estado, especialistas, miembros de entidades y otras personas representantes que se puedan considerar de interés y que puedan aportar información relevante para la investigación.