Luz verde a reformar el Código Penal, pero no a la reforma que renueva el Tribunal Constitucional. La comisión de Justicia del Senado ha acatado este martes el pronunciamiento que hizo este lunes el tribunal de garantías y ha tumbado las enmiendas que permitían reformar el poder judicial y renovar, de esta manera, el mismo TC. Después de que la Mesa de la cámara alta aprobara recortar las enmiendas impedidas por el Constitucional, los senadores de esta comisión las han retirado del texto.

Así pues, este jueves el Senado podrá aprobar la derogación del delito de sedición por la sustitución de los desórdenes públicos agravados. Después de que llegara la polémica por la presunta persecución del derecho de protesta que suponía este intercambio en el Código Penal, PSOE y ERC pactaron una enmienda para cortar las alas a los jueces a la hora de aplicar este delito en un futuro. Así pues, acordaron que será necesario "que se altere gravemente el funcionamiento efectivo de servicios esenciales" cuando se invadan instalaciones; así como establecer que la aplicación de los desórdenes públicos agravados no es un "simple agravamiento" de las conductas recogidas en el tipo básico, sino que está previsto para casos "excepcionales" en los que se produzca "un comportamiento autónomo y con elementos dispuestos desde el inicio a alterar gravemente el orden público".

Los senadores también podrán votar la reforma del delito de malversación. Es decir, se ha mantenido la enmienda transaccional pactada entre Esquerra Republicana y PSOE para condenar con uno a cuatro años de prisión (y de dos a seis años de inhabilitación) al funcionario que destine patrimonio público a una finalidad por la cual no estaba previsto. Asimismo, se establecen tres tipos de conductas castigadas por este delito: apropiación o intento de apropiación de patrimonio público sea para enriquecimiento propio o de terceros, el uso temporal de patrimonio público para uso privado y dar al patrimonio público una aplicación diferente que aquella en la que estaba destinado. Este último punto fija como requisito para las penas de prisión que el desvío presupuestario cause un "daño o entorpecimiento grave del servicio público". Es por eso que Esquerra Republicana considera que hechos como el 1-O no se pueden castigar; pero el PSOE no lo ve de la misma manera, además que habría que ver qué opinión tienen los jueces españoles.

Por otra parte, PSOE y Unidas Podemos acabaron pactando una enmienda que, en palabras del portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, se trata de un "toque de atención" a los jueces a la hora de aplicar la ley del 'solo Sí es Sí'. La intención es que no se repitan las rebajas de penas a agresores sexuales por la interpretación que hacen los jueces.

Las medidas cautelarísimas que pedía el PP y que ha avalado el Tribunal Constitucional pedían guardar en el cajón dos enmiendas presentadas por el PSOE y Unidas Podemos para reformar el poder judicial. Una que cambia la mayoría de tres quintos que tiene que sumar el CGPJ en la elección de los dos magistrados en el Constitucional que le corresponden por un nuevo sistema por el cual se nombrará a los dos magistrados que saquen más votos. Y otra que permitiría en el Gobierno y en el Consejo General del Poder Judicial hacer su propio nombramiento aunque la otra parte no lo haga en los plazos fijados.