La crisis por el brote de enterovirus ha vuelto a protagonizar la sesión de control al Govern en el pleno de hoy en el Parlament, después de la muerte de un niño en Mataró hace justo una semana, aunque Salut aseguraba que no se puede afirmar "una relación causa-efecto entre la detección de este enterovirus y el trágico desenlace". De hecho, Comín ha alertado que es posible que haya brotes "no identificados" en el resto del Estado. "Esto es muy grave", ha lamentado.

Hoy el conseller de Salud, Toni Comín, ha tenido que dar explicaciones una vez más sobre esta crisis, a preguntas del diputado del PP, Santi Rodriguez. En este marco, Comín ha explicado que el total acumulado de casos de enterovirus, es decir, desde el primer día hasta ahora, es de 101. Y ahora mismo, tres niños continúan en la UCI y tres están en planta, según el conseller. "El brote no ha finalizado, pero está disminuyendo", ha asegurado.

El conseller ha vuelto a defender, como ya hizo en comisión parlamentaria, que se ha reaccionado "con una eficiencia asistencial absoluta". Es más, ha dicho que profesionales del resto del Estado están pidiendo asesoramiento a los jefes de servicio de pediatría catalanes porque "es posible que haya brotes no identificados en el resto del Estado, y eso sí que es grave, porque puede poner en riesgo a los pacientes". "Aquí se ha hecho todo lo contrario, con un protocolo el mismo día de conocimiento", ha aseverado. "La responsabilidad ha sido máxima", ha clamado.  

El catalán, "residual" en justicia

Otro de los momentos destacados de la sesión de control a los consellers ha sido cuando el titular de Justícia, Carles Mundó, ha advertido que ahora mismo el catalán está en una situación "residual y de emergencia" en el ámbito de la administración catalana de justicia. En este sentido, ha recordado que en el 2015 "sólo el 8,4% de las sentencias se dictaron en catalán".

Mundó ha puntualizado, en respuesta a una pregunta del diputado de Junts pel Sí Jordi Orobitg, que no se trata de un problema de desconocimiento de la lengua, porque "más del 70% del personal de la administración de justicia acredita tener un nivel B2 o superior de catalán".

Es más, Mundó ha indicado que en la raíz del caso está el hecho de que sólo el castellano sea "de uso obligatorio" en la justicia, cosa que crea una "asimetría legal" que deja desprotegida la lengua catalana. "No haremos milagros hasta que el marco normativo no cambie", ha alegado el conseller, convencido de que "sólo con las herramientas de un Estado tendremos la posibilidad de revertir" esta situación.