Un grupo de observadores locales del referéndum, entre los cuales se encuentran juristas a favor del derecho a decidir, ha denunciado en un informe que la extrema violencia policial del 1-O vulneró derechos reconocidos en la Constitución española.
Las conclusiones del texto prueban la contradicción legal en la que ha entrado el Gobierno: por un lado, los de Rajoy alegan que el referéndum no tiene cabida constitucional pero al mismo tiempo intentaron reprimir la votación con "una vulneración flagrante" de derechos incluidos en la Carta Magna.
Los juristas alertan de que la actuación policial española, a petición del TSJC, con el fin de evitar la celebración del referéndum vulneró derechos reconocidos en la Constitución: libertades de expresión, de reunión y a la integridad física de las personas.
Implicación de la UE
Aparte de subrogar estos derechos, el grupo de expertos también alertan de la vulneración de derechos en el Tratado de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y las declaraciones internacionales de derechos humanos, normas que el Estado ha reconocido y que, por lo tanto, se ha comprometido a cumplir.
Por eso, el colectivo exige la intervención de los organismos europeos para que se impliquen en la crisis institucional. "Las instancias europeas no pueden quedar de ninguna manera al margen y tienen que adoptar los acuerdos y tomar las medidas necesarias para proteger los valores que fundamentan la UE", ha sentenciado.