El gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, formado por BComú y PSC, han hecho público lo que consideran un posible conflicto de competencias a raíz del proyecto de ley del Comercio de la Generalitat. Según explica el consistorio en un comunicado, el documento elaborado por el Departament d'Empresa i Coneixement del ejecutivo catalán estaría invadiendo competencias en materia de fomento de la competitividad, de definición de las zonas de degustación, de inspección y de sanción a los locales en caso de irregularidad o modificación de horarios en determinados supuestos.
En este sentido, el consistorio alerta de que el documento, aprobado el pasado 3 de enero, no recoge la especificidad que atribuye la Carta Municipal en Barcelona. "El proyecto de ley no puede continuar así en el trámite parlamentario", ha señalado la concejala de Comerç i Mercats del Ayuntamiento de Barcelona, Montserrat Ballarín. "Y queremos dejar muy claro que el Ayuntamiento hará todo el que haga falta para defender sus competencias porque estas están el servicio de un modelo de comercio de proximidad y de calidad que es bueno para comerciantes y ciudadanos", ha subrayado.
"Defenderemos la autonomía del Ayuntamiento de Barcelona hasta el final porque lo ejercemos en beneficio del comercio y de la ciudad de Barcelona", ha añadido Ballarín en un comunicado, que especifica el puntos en que la ley de la Generalitat estaría interfiriendo con la Carta Municipal.
El documento recoge en su cláusula general de competencias que el consistorio puede promover cualquier clase de actividad y prestar todos los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades de los ciudadanos que no sean expresamente atribuidos a otras administraciones públicas, así como actividades y servicios complementarios a los desarrollados por otras administraciones. Según el gobierno municipal barcelonés, el documento de la Generalitat "no respeta esta cláusula".
Ballarín ha destacado que "la Generalitat es muy cuidadosa cuando la invasión de competencias se produce en otras instancias", pero insiste en que "se tendría que aplicar lo mismo cuando afecta al Ayuntamiento de Barcelona y otros municipios", ha dicho. Ha recordado "que el proyecto de ley lleva casi dos años forjándose", que el gobierno municipal "ha hecho los deberes", presentando alegaciones cuando ha correspondido y ha explicado perfectamente por qué este anteproyecto vulneraba las competencias del Ayuntamiento, todo con mucha claridad y muy bien justificado jurídicamente", ha añadido la concejala de Comerç.