Ciutadans ha colocado cámaras de videovigilancia en el exterior de su carpa de plaza Universitat de Barcelona después de denunciar unos supuestos ataques contra la instalación. La decisión de los de Inés Arrimadas, bajo la premisa de garantizar la seguridad, podría vulnerar dos normas —la ley de Protección de Datos de Carácter Personal y la de Seguridad— que se encargan de proteger derechos tan básicos como la intimidad y la privacidad de las personas.
La formación unionista ha colocado las cámaras en el exterior de la monumental carpa de 100 metros cuadrados que ha instalado en la céntrica plaza Universitat de Barcelona. Estas cámaras podrían infringir las premisas establecidas por la legislación. El principal problema de la carpa de Ciutadans es que se encuentra situada en una plaza, es decir, en un espacio público y, tal como se puede observar en las fotografías, las cámaras enfocan parcialmente espacios por donde transitan centenares de personas cada día, un hecho que podría vulnerar la norma, con independencia de que la formación haya colocado carteles de advertencia de videovigilancia.
La Agencia Española de Protección de Datos, el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de la ley, ha posicionado reiteradamente en contra de grabar imágenes de la vía pública desde instalaciones de videovigilancia privadas. ¿Por qué? Porque este recurso corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dicho de otra manera, "en los cuerpos policiales —desde los Mossos D'Esquadra, pasando por la Policía Nacional, hasta la Guardia Urbana," tal como recuerda el jefe del Área de Inspección de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Carles San José. Este recuerda que ni siquiera la policía puede utilizar esta potestad libremente, sino que tienen que estar autorizados por la Comisión de Videovigilancia.
La única excepción que apunta a la Agencia Española de Protección de Datos es en el supuesto de la vigilancia de espacios privados que necesiten grabar instalaciones que tengan acceso al exterior, como pueden ser los portales y los garajes, es decir, los espacios de acceso a un edificio. En el caso de la carpa de Ciutadans, dos de las cámaras no apuntan al interior de la instalación, sino que graban el exterior, enfocando parcialmente la vía pública, un hecho que también rechaza la ley de Seguridad, que señala que, en términos generales, "no se pueden utilizar cámaras o videocámaras con finalidad seguridad privada para tomar imágenes y sonidos de espacios públicos o de acceso público".
Tal como señala San José, el supuesto de grabar la vía pública sin el permiso puede suponer una sanción grave o muy grave, sancionada con una multa de hasta 600.000 euros, a criterio de la Agencia Española de Protección de Datos. La Agencia Catalana de Protección de Datos, que supervisa instituciones y empresas públicas catalanas, sancionó en el Ayuntamiento de Manresa por una situación similar a la carpa de Ciutadans.