Nuevo intento de las derechas españolas de socavar la inmersión lingüística catalana. El grupo de Ciudadanos (C's) en la Eurocámara ha reclamado a la Comisión Europea que analice el nuevo decreto del Gobierno sobre el catalán en la escuela porque considera que vulnera "las reglas del derecho comunitario contra la discriminación" y "las reglas de libre circulación al mercado interior de trabajadores". La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa ha escrito una carta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, donde denuncia que el decreto "quiere dotar de cobertura al flagrante incumplimiento de las reiteradas sentencias que confirman que la exclusión del castellano como lengua de aprendizaje vulnera los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes". Además, C's acusa también al Gobierno de ser "pasivo o cómplice" en el asunto, que considera un "ataque contra el estado de derecho".

En la carta, el partido de centroderecha critica que se pueda exigir acreditar el nivel de catalán, no solo con el C2 para los docentes, sino también con conocimiento de la lengua para el resto del personal que trabaje en la escuela catalana. "Son requisitos desproporcionados", argumenta Pagazaurtundúa, que añade que supone un "obstáculo a la libre circulación y la libertad de establecimiento y de prestación de servicios". Según dice, "las exigencias lingüísticas son posibles, pero solo cuando respondan a un interés general, no sean discriminatorias, sean proporcionales, adecuadas al objetivo de interés general que se quiere proteger y no haya medidas alternativas que lesionen en menor mide la libre circulación dentro de Europa". La eurodiputada de C's argumenta también que el decreto sobre el catalán "confirma la estigmatización desde las instituciones de lo que no se somete al adoctrinamiento y la vulneración de los derechos fundamentales de los niños en la escuela".

C2 obligatorio y planes de acogida

El departamento de Educación de la Generalitat, ahora encabezado por la consellera Anna Simó, ha aprobado esta semana un nuevo decreto para tratar de blindar el catalán en la escuela delante las sentencias del Tribunal Supremo contra la inmersión lingüística y la resolución pendiente del Tribunal Constitucional sobre las leyes catalanas que rechazan los porcentajes de catalán y castellano en las aulas. Este marco legal concreta medidas como el requisito de que los nuevos docentes que se incorporen al sistema educativo catalán a partir del curso 2025-2026 tengan que tener el certificado de nivel superior C2 de catalán o la implementación de planos pilotos de acogida para los alumnos extranjeros para que estos pasen por un programa de lengua catalana intensivo.