Después de que JxCat y ERC llegaran a un consenso para tirar adelante la moción de la CUP que reitera los objetivos de la declaración del 9-N, Ciudadanos y el PSC ha salido a la ofensiva. Este jueves, durante la celebración de la segunda sesión del pleno, Cs ha entrado a registro un escrito dirigido al presidente del Parlament, Roger Torrent, para que convoque inmediatamente una reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces. Por su parte, los socialistas han registrado una petición de reconsideración. El objetivo: parar la iniciativa parlamentaria.

No obstante, fuentes de la presidencia del Parlament consultadas por la ACN señalan que Torrent no reunirá la Mesa porque las enmiendas transaccionales no tienen que pasar por este órgano, porque se trata de un acuerdo entre el grupo que propone y los que enmiendan. No requiere ningún acuerdo de la Mesa, y por lo tanto no puede haber ninguna reconsideración.

Por otra parte, fuentes del entorno de Torrent también señala que, si se convoca una reunión de la Junta de Portavoces, estará después del pleno, cuando lo establezca el presidente de la cámara, pero no durante el transcurso de la sesión.

En una carta firmada por el vicepresidente segundo José María Espejo-Saavedra, Ciudadanos solicita la convocatoria "inmediata y urgente" de una reunión de la Mesa. Desde Cs argumentan que las enmiendas transaccionadas por la mayoría independentista "están afectadas por las prohibiciones dictadas por el Tribunal Constitucional" en relación a la declaración del 9-N de 2015.

En declaraciones a los periodistas, Espejo-Saavedra ha adelantado que se plantearán presentar un recurso de amparo ante el TC si la moción es finalmente aprobada. Le ha pedido a Pedro Sánchez que la impugne.

 

Según Ciudadanos, es mandato de los miembros de la Mesa "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la nulidad por inconstitucionalidad acordada".

En la misma línea, desde el PSC argumentan que se trata de una enmienda "contraria a principios básicos constitucionales y estatutarios" y que va en contra de las decisiones del Tribunal Constitucional

 

El texto consensuado considera que los objetivos políticos de aquella declaración aprobada en el 2015, en pleno proceso de negociación para conseguir el apoyo cupero para la investidura de Artur Mas, han quedado "legitimados por los resultados del referéndum del 1 de octubre y de las elecciones del 21 de diciembre de 2017". La declaración sirvió de pistoletazo de salida de la hoja de ruta del proceso y fue suspendido por el TC.