Una jueza de Madrid ha citado a declarar como investigado a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. El asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid y exsecretario de Estado de Comunicación del Gobierno de José María Aznar deberá comparecer el seis de mayo a las nueve de la mañana. Se le investiga por si cometió un delito de revelación de secretos al enviar a un chat datos de dos periodistas —sus nombres, apellidos y una foto— que habían sido identificados por un policía.
La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha adoptado esta decisión después de que la Audiencia de Madrid le ordenara admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y la querella presentada por los dos periodistas afectados del diario El País. La magistrada, Raquel Robles González, había archivado la querella presentada por el PSOE y a la que se sumaron el periódico y los dos profesionales de la información. Pero la Audiencia la instó a rectificar e investigar el caso, y ella se ha visto ahora obligada a hacerlo.
Después de que eldiario.es revelara que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, había sido denunciado por fraude fiscal, Miguel Ángel Rodríguez se involucró en su defensa. El jefe de gabinete de la lideresa madrileña llegó a decir que estos dos profesionales habían intentado colarse encapuchados en casa de la política. Los acusó, también, de "acosar" a vecinos y menores de edad en los alrededores de la vivienda donde viven Ayuso y González Amador. Los dos reporteros intentaban conseguir información sobre el caso.
De González Amador al fiscal general
Los dos periodistas trabajaban en una información sobre el delito de evasión de impuestos de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Es decir, la génesis de lo que se convirtió en el caso del entonces fiscal general del Estado: Álvaro García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación especial en el cargo por el Tribunal Supremo por la publicación de un correo electrónico de González Amador en el que admitía haber cometido fraude fiscal y pedía llegar a un acuerdo con el Ministerio Público; no al revés como el equipo de Ayuso había hecho creer.
Durante el juicio, múltiples testigos defendieron la inocencia de García Ortiz, especialmente los primeros periodistas que publicaron la noticia. No destaparon su fuente, pero aseguraron que esta no era el entonces fiscal general.
El Supremo consideró probado que “fue el entonces fiscal general, o una persona de su entorno y con su conocimiento, quien filtró el correo”, a un grupo de periodistas. Desde el estallido del caso y en el juicio, García Ortiz asumió toda responsabilidad y admitió que ordenó hacer una nota informativa para desmentir lo que decían una parte de periódicos madrileños, que era la Fiscalía quien proponía un acuerdo. Ahora bien, negó haber filtrado el correo. El tribunal manifestó que "el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito", y destacó que sobre él pesaba un reforzado deber de reserva que infringió sin justificación.