La crisis abierta por el juez Juan Carlos Peinado y su decisión de enviar a juicio a Begoña Gómez ha dado un nuevo salto institucional este domingo. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha reunido de urgencia telemáticamente para analizar una de las partes más polémicas del auto del magistrado, pero el encuentro ha terminado sin acuerdo y el órgano de gobierno de los jueces ha decidido continuar las deliberaciones este lunes. El CGPJ estudia ahora la posibilidad de abrir un expediente disciplinario al magistrado después de que este sugiriera en un auto que los policías encargados de la protección de la esposa del presidente del Gobierno podrían facilitar una eventual fuga.
La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha propuesto a la Comisión Permanente —el principal órgano ejecutivo del Consejo— ordenar a la autoridad disciplinaria que analice las afirmaciones de Peinado y valore la apertura de un expediente. Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, la reunión extraordinaria que se ha mantenido desde las diez de la mañana de manera telemática ha terminado aplazando el debate hasta este lunes, cuando los vocales se reunirán presencialmente. El órgano ha optado por aplazar cualquier decisión y reanudar el debate este lunes, cuando los vocales deberán determinar si las manifestaciones de Peinado justifican algún tipo de actuación institucional o disciplinaria.
La reunión del lunes se presenta ahora como una nueva cita clave en una causa que ha traspasado el ámbito estrictamente judicial para convertirse en un nuevo foco de tensión entre el Gobierno, el poder judicial y las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, el auto de Peinado continúa generando un intenso debate jurídico y político, no solo por la apertura del juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno, sino también por el lenguaje empleado por el magistrado y por las consecuencias que puede tener sobre la confianza entre las instituciones del Estado.
La frase que ha encendido todas las alarmas
La polémica gira en torno al auto con el que Peinado comunicó el sábado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. En la misma resolución, el juez acordó retirarle el pasaporte, prohibirle salir del territorio español y obligarla a comparecer cada quince días ante el juzgado. Para justificar estas medidas cautelares, argumentó que existía riesgo de fuga y añadió una reflexión que ha provocado una auténtica tormenta institucional.
Según Peinado, "no hay ninguna duda" de que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado encargados de la escolta de Gómez podrían, "por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos", colaborar en una eventual fuga que impidiera ponerla a disposición de la justicia.
La queja de Marlaska
Las palabras del magistrado desencadenaron una reacción inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que trasladó su "más enérgica queja" a la presidenta del CGPJ y reclamó que se adoptaran las medidas que se consideraran oportunas dentro de las competencias del Consejo. Para el titular de Interior, las afirmaciones de Peinado constituyen un "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" y representan un hecho de "máxima gravedad". Desde el ministerio consideran que las sospechas formuladas por el juez no afectan solo a los policías encargados de proteger a la esposa del presidente, sino también a toda la cadena de mando policial, ya que llegan a insinuar que sus superiores podrían impartir órdenes ilegales.
Un caso que ya trasciende el proceso judicial
La posibilidad de que el CGPJ acabe actuando disciplinariamente contra Peinado sitúa el debate en un terreno poco habitual. El Consejo no entra a valorar el fondo de las resoluciones judiciales, pero sí que puede examinar si las expresiones utilizadas por un magistrado se ajustan a los deberes de corrección institucional exigibles a los miembros de la carrera judicial. Por este motivo, la reunión prevista para este lunes se presenta especialmente relevante. Los vocales deberán decidir si las afirmaciones del juez forman parte de su libertad para motivar las resoluciones o si, por el contrario, constituyen una actuación susceptible de ser investigada disciplinariamente.
Mientras tanto, la causa contra Begoña Gómez sigue acumulando derivadas políticas e institucionales. Lo que había comenzado como una investigación judicial sobre la actividad profesional de la esposa del presidente del Gobierno se ha convertido ahora en un conflicto que enfrenta al magistrado instructor con el Ministerio del Interior y que ha acabado llegando al máximo órgano de gobierno de los jueces.