El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha avalado el proyecto de ley del procedimiento de votación electrónica para los catalanes residentes en el extranjero y recomienda incorporar una disposición que explicite que el voto electrónico no se podrá aplicar hasta que no se hayan realizado las "pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y la fiabilidad del sistema".
Inicialmente, esta ley tenía que permitir a los catalanes que viven en el extranjero votar de forma electrónica en las elecciones el Parlament. Poco después, sin embargo, la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, abrió la puerta a que esta ley sirviera también por emparar el voto de los catalanes que viven en el extranjero durante el referéndum del 1 de octubre. Una opción que no gustó a los partidos de la oposición.
Por este motivo, Ciutadans pidió un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries y retrasó así el debate final de la ley en el pleno hasta después de las vacaciones parlamentarias. La formación naranja planteaba una hipotética vulneración al principio de seguridad jurídica al detallar cómo hacer la solicitud del voto electrónico, una afirmación que ha quedado desmentida por el dictamen. "A la hora de determinar la normativa aplicable al procedimiento de solicitud de voto por parte de los electores residentes en el extranjero, no genera confusión ni provoca situaciones objetivamente incomprensibles para sus destinatarios", asegura.
Eso sí, recomienda que se hagan pruebas antes de aplicarlo para "garantizar el correcto funcionamiento y la fiabilidad del sistema". El Consell de Garanties considera, pues, que el voto electrónico no puede ser aplicable ni estar disponible para los electores hasta que se hayan hecho los "tests necesarios". Tampoco hasta que se hayan firmado los protocolos y los convenios de colaboración que establece el proyecto de ley.
Las conclusiones, que no son vinculantes, han recibido el aval de siete miembros y el voto particular de Carles Jaume Fernández, que considera que sí que es contrario en la Constitución y en algunos artículos de la LOREG.