La Comisión Europea ha cerrado la puerta este viernes a la reforma de la orden europea de detención que plantea el gobierno español. "No vemos ninguna necesidad de cambiar su funcionamiento con respecto a la lista de crímenes", ha asegurado la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, en una rueda de prensa después de la reunión de ministros de Justicia de la UE que se ha celebrado en Bruselas. "Estamos trabajando para hacer mejoras, pero no planeamos abrir la decisión e introducir los cambios que pide el gobierno español", ha dicho la comisaria checa. Además, según Jourová, "extender el catálogo de crímenes no resolvería directamente" los problemas de los estados a la hora de emitir y ejecutar euroórdenes de detención. "Hemos publicado recientemente una guía", se ha limitado a decir la eurocomisaria, que ha dicho que los únicos problemas que hay en el sistema son "más bien de naturaleza procedimental", pero no de fondo.

El ministro de Justicia español, Rafael Catalá, ha querido plantear este viernes a sus socios europeos una "reflexión sobre la lista de delitos" que se incluyen en la orden europea de detención. La propuesta, que después ha dicho que no ha planteado de forma "oficial" porque no estaba en el orden del día, ya ha sido descartada por la CE.

Catalá ha hablado personalmente con la comisaria Jourová en la reunión de este viernes, quien ha explicado que tendría que evaluar "el funcionamiento" de la euroorden para constatar si provoca "paradojas o problemas en la confianza mutua". Además, también ha dicho que la euroorden "no tiene que estar sometida a controles ni procedimientos largos", y que tiene que ser de tipo automático porque los 28 miembros de la UE son "estados de derecho" con una "justicia independiente".

Actualmente, la orden europea de detención tiene una lista de una treintena de delitos, por los cuales cuando un estado miembro pide la extradición de una persona hacia su país, el retorno es automático. Uno de estos delitos es el de corrupción, que la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, marcó en el formulario de euroorden emitido contra el president Carles Puigdemont y los cuatro consellers que están con él en Bruselas. La fiscalía belga, sin embargo, descartó ejecutar la euroorden por corrupción, es decir, que descartó la extradición automática, abriendo así un proceso más complejo que requería equiparar los crímenes que se imputaban a los líderes catalanes en España con otros equivalentes en el código penal belga. Todo esto estaba alargando el proceso, que podría haber durante hasta mediados de enero.