Dos miembros del CDR de Cerdanya, Marçal Rocías y Roger Juvé, citados a declarar este lunes en los juzgados de Puigcerdà por los delitos de desórdenes públicos y resistencia y desobediencia a la autoridad, han decidido no dar respuesta al requerimiento judicial. Su postura la han hecho pública en el marco de una concentración convocada a las puertas del edificio, en el que han participado una veintena de personas.
Los hechos que se investigan tienen que ver con el corte de las carreteras N-152 y N-154 el 21 de febrero pasado, jornada de huelga general, a su paso por la capital de la Cerdanya y en un punto próximo a la frontera. Concretamente, se los ha gritado por haber mostrado una "resistencia más activa" en el momento en qué, poco antes de las tres y media de la tarde, efectivos de los Mossos d'Esquadra los desalojaron para reabrir estas vías al tráfico.
Delante de la caza de brujas contra el CDR Cerdanya. No acatemos. No declaremos. Nos mantengan dempeus.@CerdanyaCDR @CDRCatOficial #TombemElRègim #republicacatalana#LlibertatPresosPoliticsiExiliats pic.twitter.com/PvAHWUaXPv
— CDR de Cerdanya (@CerdanyaCDR) 11 de marzo de 2019
Rocías ha dicho que ha optado por desobedecer el requerimiento judicial porque considera que todo responde a una "caza de brujas" y niega que durante la jornada de huelga general del febrero pasado se produjeran los hechos que ahora se investigan. "Se viste un relato que lo que busca es dar miedo, hacer daño y debilitar la movilización", ha afirmado este integrante del CDR de Cerdanya a las puertas de los juzgados de Puigcerdà, donde se ha concentrado junto con una veintena de personas. Además, ha añadido que antes de que los Mossos d'Esquadra desalojaran el corte de las carreteras que comunican la capital y la frontera explicaron a los efectivos policiales que su voluntad era alargarlo una hora más y, posteriormente, marcharse a la concentración convocada al centro de la localidad.
ACN
Mientras, la abogada de Alerta Solidaria que les representa, a Raquel Vilar, pide al titular del juzgado que los dé la posibilidad de poder citar a algunos testimonios de los hechos que se investigan. Para hacerlo posible hace falta que la tramitación, que se está haciendo por la vía de urgencia, pase a la fase de diligencias previas.
La letrada ha coincidido con los integrantes del CDR de Cerdanya en que, a su parecer, la citación tiene como objetivo "desmovilizar o asustar a la gente más activa" y ha defendido que estas personas lo único que hicieron es ejercer sus derechos de protesta y de huelga.
La incomparecencia delante la sede judicial de Puigcerdà puede implicar tanto la emisión de una segunda citación como una orden de detención, ya que en los casos en que se utiliza la vía de urgencia, según Vilar, la tramitación es más corta.
Hay que recordar que el juzgado de instrucción 1 de la capital de la Cerdanya archivó provisionalmente el febrero pasado la causa abierta contra otro integrante del CDR de Cerdanya y miembro del secretariado nacional de la ANC, Tomàs Sayes, acusado de un delito de manifestación ilegal por una caminata reivindicativa celebrada el 30 de marzo de 2018 entre Alp y Das. En este caso, Sayes decidió no presentarse al juzgado en dos ocasiones y, por este motivo, fue detenido en Vilanova y la Geltrú el 7 de febrero pasado.