Después de la sentencia del juicio en el procés todavía hay varios frentes judiciales abiertos. De hecho, la misma sentencia de este caso judicial contra el Gobierno, la presidenta del Parlamento y los responsables de las entidades que representan la sociedad civil, todavía tiene recorrido en los tribunales.
Desde meses antes del 1-O del 2017 que varios jueces trabajan en las diferentes causas contra el procés independentista y sus actores. La primera de todas, la del juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que, de hecho, es la que impulsa buena parte de los casos todavía está en instrucción y bastante retrasada. A raíz de los plenos del Parlamento del 6 y 7 de septiembre del 2017, el 20-S y el 1-O la escalada judicial contra el procés se intensifica. La sentencia del juicio al procés del Tribunal Supremo es el caso más grave por las penas de prisión y porque afecta a las máximas autoridades catalanas. Pero detrás de este hay un grupo de causas que tomarán de muestra la resolución judicial del tribunal presidido por Manuel Marchena y que se irán desencadenando una tras otra este próximo año.
La sentencia del procés
Todavía tiene recorrido.
Los abogados pedirán al mismo Tribunal Supremo un incidente de nulidad que podría tardar dos meses en resolverse. Si no se anula la sentencia, que es lo más probable, se recorrerá al Tribunal Constitucional, que es el paso previo antes de ir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El TC puede tardar unos 2 años en dar el fallo.
Los condenados están ahora en manos, también, de la Dirección General de Servicios Penitenciaros que tendrá que evaluar a cada uno de los presos para ir dándoles los permisos pertinentes y el tercer grado, con el que sólo irán a dormir en la prisión, y que podrían obtener en unos meses.
Además todavía está la vía política abierta: Ley de amnistía o indulto.
El juicio de la Mesa del Parlamento
Sólo 24 horas después de hacerse pública la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya fijaba una nueva fecha por el juicio en Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet, Lluís Guinó y Mireia Boya.
Se los juzgará por desobediencia el 28 y 29 de noviembre y el 3 y 4 de diciembre.
El caso ha ido del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya al Tribunal Supremo, y del Supremo de nuevo en el TSJC. En noviembre del 2017, Pablo Llarena reclamó la causa al TSJC para unificar los procesos. Pero al final de la instrucción y ya cuando estaba a punto de abrirse el juicio oral, Manuel Marchena decidió recortar y enviar a Catalunya los miembros de la Mesa que sólo se les tenía que juzgar por desobediencia.
El juicio a Trapero y la cúpula de Interior
Quien se ha quedado en Madrid ha sido el mayor Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana, el ex secretario general de Interior Cesa Puig y el ex director general de la Policía Pere Soler. Están acusados de sedición y organización criminal. El juicio empezará el 20 de enero en la Audiencia Nacional y se prevé que dure dos meses. Hay una larga lista de testigos, algunos de los cuales ya se pudieron oír en el juicio del Tribunal Supremo.
Con el relato de la sentencia de los siete magistrados de la sala segunda del Tribunal Supremo sobre los hechos probados y sobre como la policía actuó tanto el 20 de septiembre como el 1 de octubre del 2017, la Audiencia Nacional tendrá poco margen para definir el delito y la condena de Trapero, la intendente Teresa Laplana y la cúpula política de Interior, el ex secretario general Cèsar Puig y el ex director general de la Policía Pere Soler. En la sentencia se argumenta que el jefe político de los Mossos ordenó un comportamiento policial que "permitiera simular su aparente cumplimiento con el decidido propósito de hacer infectivas tales legítimas órdenes jurisdiccionales y del fiscal superior".
El tribunal hace responsable del operativo policial a Trapero: "El acusado Sr. Forn aceptó los criterios expuestos por el jefe de los Mossos fijando como objetivo prioritario de la intervención policial preservar la convivencia en referencia a una expresión presente en la imperativa resolución judicial, sin dar cuenta, por descontado, del sentido interesadamente atribuido a esta expresión. Con eso disimulaba ―como mínimo de manera iiversemblante― su verdadero propósito de que la actuación de los Mossos no constituyera un riesgo para el objetivo delictivo de los coacusados".
La euroorden de detención de Puigdemont
La sentencia del juicio al procés ha provocado una nueva euroorden de detención de Carles Puigdemont. Esta vez por sedición y malversación. Los mismos delitos por los que se ha condenado a los consellers encarcelados.
El juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, dictó la orden poco después de que se conociera la sentencia y calcó los delitos para ir sobre seguro. Si Bélgica resuelve que no hay delito para extraditar a Puigdemont, el caso del presidente en el exilio quedará cerrado. Si no, empezará el periplo judicial para Puigdemont con una extradición y un juicio en el Tribunal Supremo español.
Boye, imputado
Gonzalo Boye, abogado de los presidentes Carles Puigdemont y Quim Torra, está investigado por un supuesto delito de blanqueo de capitales relacionado con uno de sus antiguos clientes, el narcotraficante gallego Sito Miñanco. El miércoles declaró en la Audiencia Nacional y ha quedado en libertad provisional sin medidas cautelares. A pesar de todo, el momento de la acusación y su relación profesional con dos presidentes de Catalunya ha levantado todas las sospechas.
Jové y Salvadó, el cerebro del 1-O
La investigación de Josep Mª Jové, mano derecha de Oriol Junqueras, tiene origen en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que ordenó la detención, junto con la del resto de altos cargos, el 20 de septiembre y que derivó en los registros en la Conselleria de Economía. Algunas de las pruebas que se han presentado al Tribunal Supremo contra el Gobierno son fruto del registro en casa de Jové, como la agenda Moleskine y el documento "Enfocats", que ahora las defensas han impugnado. Jové y el resto de detenidos quedaron en libertad y los mantuvieron como acusados del juzgado de instrucción 13. Después de las elecciones del 21-D del 2017, Jové entró como diputado en el Parlamento de Catalunya por ERC. Y por eso ahora el caso está en manos del TSJC que lo ha hecho causa compleja para tener más tiempo por investigar.
El mismo pasa con Lluís Salvador. Detenido el mismo día, y a quien se considera responsable de la gestión de la hacienda pública catalana. El 19 de noviembre está citado a declarar al TSJC.
Torra y los lazos
El presidente de la Generalitat está pendiente de juicio por no sacar la pancarta a favor de los presos políticos de la fachada de la Generalitat durante la campaña elecciones generales del 28 de abril.
El juicio está previsto para hacerse en un día, el 18 de noviembre, en la Sala Civil y Penal del Palacio de Justicia. Empezará con las cuestiones previas de la defensa y las acusaciones de la Fiscalía y la acusación popular ejercida por Vox, y la declaración del acusado. Seguirán con testigos, pruebas e informes finales. El presidente, acusado de un delito de desobediencia, admite en su declaración el delito del cual se le acusa: "Sí, desobedecí porque me debo a un mandato superior de la ciudadanía de defensa de los derechos humanos".
La Fiscalía pide que se inhabilite al presidente durante 20 meses y una multa de 30.000 euros. Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, es también el letrado de Torra.
Junqueras y la inmunidad
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que resolver sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. Se lo pidió el mismo Tribunal Supremo que ha acabado dictando sentencia antes de recibir la respuesta. El mismo día que se hizo pública la condena de 13 años para Junqueras, el TJUE hacía la vista para resolver sobre la inmunidad.
La abogada del estado defiende que si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que Oriol Junqueras tenía inmunidad como eurodiputado electo no tendrá "ningún efecto" porque ahora ha sido condenado e inhabilitado. El abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde ha dicho que esta opinión española anticipa que "quizás no aceptarán determinados resultados" del juicio en el TJUE. Van den Eynde ha avisado que si Luxemburgo les da la razón la sentencia del 1-O será "nula de lleno derecho". El abogado del estado de la UE se pronunciará el 12 de noviembre.
Instrucción 13, el orígen
Molons, Nin, Clotet, Ginesta, Palanques, Franco, Sutríes, Villatoro, Altafaj, Royo, Garriga, Reventós, Rodríguez, Fàbregas, Sallent, Puig, Vidal, Masó, Llorach, Udina, Vidal, Sanchis, Gordillo, Patxot, Martínez, Gómez, Masoliver, Gispert, Garsaball y Gimeno son los 30 procesados en el juzgado de Instrucción 13. El primero que empezó a investigar los preparativos del referèncum y el que está más encallado. La investigación abança muy lenta. Hace un año que declaran testigos y no se cierra la instrucción.
Instrucción 7, contra los policías del 1-O
La investigación de los policías que golpearon a los votantes del referéndum está avanzada hasta el punto que el juez ha pedido en la Secretaría de Estado de Seguridad el 'Plan de actuación' establecido para cumplir el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de impedir el referéndum del 1-O, los protocolos de actuación de los antidisturbios de la Policía Nacional y una relación de los agentes de la Brigada Provincial de Información y de la Policía Judicial que actuaron el 1-O en la capital catalana. Se han pedido el número de identificación de los agentes. Además, el juez ha imputado a los jefes del dispositivo que había aquel día en Barcelona.
Roger Espanyol, el acusado acusador
Roger Espanyol tiene una causa abierta contra los policías que lo hirieron y le hicieron perder un ojo y otra contra él de la policía por haber tirado una valla. Los abogados del colectivo Irídia que llevan la defensa ya han identificado al escopetero que disparó y han puesto la documentación delante del juez.
Por su parte la policía, pide imputar a todos los votantes identificados del 1-O el delito de sedición siguiendo el camino marcado por la sentencia del Tribunal Supremo.
Tamàra i Adrià
La primera ofensiva judicial contra los CDR fue abril del 2018. Una operación de la Audiencia Nacional por terrorismo acabó con la detención de Tamara Carrasco, que ha sido un año sin poder salir de Viladecans. Adrià Carrasco, el otro CDR a quien buscaba la Guardia Civil pudo huir y continua exiliado en Bruselas. El mes de noviembre el caso cayó en los juzgados catalanes por un delito de desórdenes públicos.
CDR, 23-S
El segundo intento por vincular el procés independentista con el terrorismo llegó una semana antes del 1-O. El 23 de septiembre la Audiencia Nacional volvió a activar la maquinaria y desplegó un impresionante dispositivo policial de la Guardia Civil. Se detuvieron a 9 personas de diferentes municipios del Vallès, 7 de las cuales entraron a la prisión después de declarar en Madrid. Justo hace unos días que se ha levantado el secreto de sumario que tendrá que permitir descifrar el porqué de las acusaciones.
Los detenidos post sentencia
Hay 202 detenidos estos días en los incidentes y las cargas policiales que habido después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, 28 de los cuales están en la prisión. Están acusados por desórdenes públicos y atentado a la autoridad en la mayoría de los casos.