Catalunya es la autonomía que concentra más peticiones de la regularización extraordinaria de inmigrantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hechos públicos este jueves por la ministra Elma Saiz. La también portavoz del Gobierno ha afirmado que en Catalunya se han registrado 257.000 solicitudes; por delante de la Comunidad de Madrid, con 202.000; el País Valencià, con 167.000; y Andalucía, con 161.000. En total, en todo el Estado, se han registrado 1.174.978 solicitudes. Es más del doble de la estimación inicial que se hizo cuando se aprobó esta regularización extraordinaria, que da a los inmigrantes el derecho a vivir y trabajar en el Estado; no se trata de una nacionalización que, por ejemplo, otorgue el derecho a votar.
De las 257.000 solicitudes en Catalunya, Barcelona es la demarcación con más peticiones de regularización, con 192.195, seguida de Tarragona (27.214), Girona (22.701) y Lleida (15.492). En cuanto a las demarcaciones de todo el Estado, es Madrid la que está a la cabeza con el 17,23% de las solicitudes solicitadas, solo un poco por delante del 16,36% registrado en Barcelona; por delante de València (6,38%), Alicante (6,23%) y Murcia (3,85%).
En cuanto al origen de los solicitantes, el 67% provienen de Latinoamérica, muy por delante del 22,9% que registra África, el 8,3% de Asia y el 1,1% de ciudadanos europeos no pertenecientes a países de la Unión. Por países, Colombia representa el 26% del total de las solicitudes, seguida de Marruecos (13,4%), Venezuela (11,7%), Perú (8,8%), Honduras (4,8%), Paraguay (3,8%), Argelia (3,4%), Senegal (2,9%), Pakistán (2,5%) y Argentina (2,3%).
Competencia lingüística
Según los datos hechos públicos este jueves por el Ministerio, ocho de cada diez personas solicitantes de la regularización tienen una competencia lingüística plena en castellano. Concretamente, un 66% son hablantes nativos y un 18% tiene un nivel alto, mientras que un 7% tiene un nivel medio y un 9% un nivel básico. Sin embargo, en cuanto al catalán, el euskera y el gallego, solo el 40% "conoce la lengua" propia del territorio. Por otra parte, dos de cada tres solicitantes (67%) tienen educación postobligatoria, desglosada entre un 43% con bachillerato o formación profesional y un 24% con educación universitaria. El resto, un 33%, tiene solo educación obligatoria: un 18% con educación secundaria, un 5% con educación primaria y un 10% sin estudios.
El 81% de los solicitantes tienen menos de 45 años
En una rueda de prensa ofrecida este jueves por la mañana, el Ministerio ha detallado que el 81% de los solicitantes tienen menos de 45 años. El 11,1% tiene menos de 15 años; el 17% tiene entre 16 y 24 años; el 31,3% tiene entre 25 y 34 años; el 21,6% tiene entre 35 y 44 años; el 11,9% tiene entre 45 y 54 años; el 5,2% tiene entre 55 y 64 años; y el 1,9% tiene más de 65 años. El Gobierno considera que la regularización representa "un hito" en la política migratoria y el resultado "de un trabajo colectivo" del que asegura que se puede sentir "muy orgulloso".
El Supremo propone llevar la regularización al TJUE
El plazo para participar en el proceso de regularización extraordinaria se ha cerrado esta semana. Según el Gobierno, estas cifras evidencian la necesidad de impulsar un procedimiento de este tipo. "Cientos de miles de personas que ya residen aquí, pero que lo hacían con miedo y sin derechos, ahora pueden afrontar el futuro con ilusión y esperanza", ha señalado Saiz en un vídeo difundido a los medios de comunicación. Ha concretado que en estos momentos ya hay más de 608.000 expedientes en tramitación, el equivalente a casi el 52% de todas las solicitudes presentadas. El ejecutivo destaca que este es un indicador relevante porque la admisión a trámite del procedimiento comporta ya la concesión de un permiso provisional de residencia y trabajo en todo el territorio estatal.
Estas cifras llegan pocos días después de que el Tribunal Supremo propusiera llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) esta regularización extraordinaria de inmigrantes. El alto tribunal plantea a las comunidades autónomas que la recurrieron, el País Valencià y Aragón, que se pronuncien sobre la procedencia de formular una cuestión prejudicial al TJUE, al entender que la medida aprobada por el Gobierno puede colisionar con la normativa europea. Al respecto, hay que tener en cuenta que las dos providencias han sido dictadas antes de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por estas dos autonomías.
El Gobierno reivindica los efectos de la regularización sobre el mercado laboral
Paralelamente, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido que la regularización extraordinaria de inmigrantes ya empieza a tener efectos positivos en el mercado laboral, especialmente en sectores con falta de mano de obra como la construcción y los servicios. Según ha afirmado, la medida facilita la incorporación de trabajadores, aflora la realidad del mercado de trabajo e incrementa los ingresos públicos a través de las cotizaciones sociales.
Cuerpo ha vinculado estos efectos a los datos de empleo de junio, que reflejan un nuevo máximo histórico de más de 22,4 millones de afiliados a la Seguridad Social con 128.523 afiliados más. También ha asegurado que la regularización permitirá orientar mejor a las personas desempleadas hacia los sectores con más demanda de trabajadores y se ha mostrado convencido de que el proceso superará los recursos presentados por Vox y varias comunidades autónomas, ya que, según ha defendido, se ha impulsado con todas las garantías jurídicas.