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Durante los nueve primeros meses de 2026, el Boletín Oficial del Estado ha publicado 101 normas que discriminan contra la lengua catalana y los catalanohablantes, según se desprende de un análisis de esta publicación hecho por la entidad catalanista Plataforma per la Llengua. Concretamente, durante el tercer trimestre de este año, el BOE publicó 32 normas que daban privilegios a la lengua castellana respecto al catalán en los territorios catalanohablantes del Estado español o en las instituciones que los gobiernan. Eran normas estatales (23), europeas (7) e internacionales (2). Durante el primer trimestre se publicaron 34 y durante el segundo otras 35. En total, 101 en los nueve primeros meses del año.

Según explica la entidad, la normativa o las convocatorias aprobadas por las administraciones públicas que discriminan el catalán reproducen el sistema de jerarquía entre lenguas que impone la Constitución española, ya que el castellano es la lengua oficial del Estado y en la Unión Europea, mientras que el resto de lenguas solo lo son en sus territorios. Además, esta establece que todo el mundo tiene derecho a usar el castellano y que todos los ciudadanos tienen el deber de conocerlo y, según la opinión del Tribunal Constitucional, esto comporta la prohibición de que las otras lenguas oficiales sean de obligado conocimiento general.

El análisis de Plataforma per la Llengua destaca que la Agencia Española de Protección de Datos ha sido el ente estatal que más disposiciones catalanófobas ha promovido este tercer trimestre del año. Concretamente, destaca que el 8 de julio emitió un total de 9 resoluciones por las cuales aprobaba las bases reguladoras de una serie de premios que otorga anualmente y hacía las convocatorias correspondientes.

Se exige el uso del castellano o de traducciones

En todas estas resoluciones se exigía el uso del castellano para acceder a los premios, fuera en los mismos trabajos candidatos o en la documentación obligatoria. En el caso de los trabajos, se permitía presentarlos en "el idioma original", pero siempre acompañados de una traducción al castellano. La exigencia del castellano, o de una traducción, es un incentivo a presentar directamente los trabajos en castellano, porque las traducciones cuestan un esfuerzo en tiempo y dinero que puede no resultar recompensado si no se obtiene el premio.

Toda esta serie de disposiciones y normativas discriminatorias con el catalán y el resto de lenguas cooficiales del Estado español reproduce el esquema jerárquico establecido por la Constitución española, que se reproduce tanto en la normativa dictada en el Estado como la proveniente de otras instancias como la Unión Europea. La oficialidad exclusiva del castellano hace que toda la normativa europea que privilegia las lenguas oficiales de los estados miembros beneficie, en España, exclusivamente al castellano. En este sentido, es una decisión interna española lo que hace que la normativa europea sea adversa al catalán.

También hay normativa europea que privilegia las lenguas oficiales de la Unión, pero el catalán tampoco goza de este estatus, a pesar de que durante esta legislatura el gobierno español haya intentado en ocho ocasiones llevar a debate con los socios comunitarios esta cuestión sin éxito. 

Además de las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos, el tercer trimestre de 2026 se puede destacar una orden del Ministerio de Sanidad (orden SND/715/2026, de 8 de julio). Esta norma regula el procedimiento de inclusión, alteración y exclusión de la oferta de productos ortoprotésicos aceptados por el Sistema de Información de Oferta de Prestación Ortoprotésica (OFEPO). Entre la información de la cual la empresa que quiere comercializar un producto debe proveer al OFEPO para que lo incluya en la oferta se encuentran las "instrucciones de uso en castellano".

Catalanofobia desde la UE y Naciones Unidas

Como el castellano es oficial en todo el Estado y es de obligado conocimiento, se considera que exigir las instrucciones en castellano es una intromisión legítima, adecuada y suficiente para preservar los derechos de los consumidores, mientras que la exigencia de que las instrucciones sean en catalán no puede tener el mismo fundamento. Así lo dijo el Tribunal Constitucional en una sentencia de 2017 sobre el Código de Consumo de Catalunya, en la que validó la exigencia del etiquetado en catalán solo si se fundamentaba en una voluntad de "promoción de la lengua catalana" y no en "la protección al consumidor".

En cuanto a las normas de procedencia europea, por ejemplo, se puede destacar la decisión de ejecución de la Comisión 2026/1936 que indica que cuando se presenta una partida de animales vivos o productos de origen animal de Nueva Zelanda en una frontera europea, el certificado sanitario debe estar en inglés y una de las lenguas oficiales de la UE. En el panorama internacional, un reglamento de las Naciones Unidas sobre la homologación de sistemas de retención infantil utilizados en vehículos de motor, es decir, sillitas de coche, obliga a los fabricantes a proporcionar a los usuarios una serie de informaciones "en la lengua del país en el que se venda el producto".