La cadena de supermercados Aldi, en el punto de mira por catalanofobia. Plataforma per la Llengua ha hecho público este viernes los casos de dos mujeres que van discriminadas en establecimientos de la misma marca en los municipios de Inca, en Mallorca, y de Blanes, en la Selva, por dirigirse en catalán. La entidad que trabaja para proteger el uso de la lengua en los territorios de habla catalana confía en que con esta acción se consiga presionar dirección de Aldi para que investigue los hechos y se comprometa a respetar los derechos de los consumidores catalanohablantes en todos los ámbitos.

Los primeros hechos pasaron el 21 de mayo cuando la cliente preguntó a un trabajador del supermercado dónde podía encontrar legumbres, y, según relata la afectada, él hizo ver que no lo entendía reiteradamente, a pesar de su esfuerzo por hacerse entender. Después de que el repositorio soltara alguna carcajada por debajo de la nariz, la consumidora decidió irse hacia la caja y solicitar la hoja de reclamaciones, pero la cajera le preguntó por qué motivo lo quería y, cuando le explicó la situación, le preguntó si no sabía hablar en castellano. La cliente le dijo que sí que sabía, pero que tenía derecho a hablar en catalán. Finalmente, la cajera pidió al encargado que le llevara la hoja de reclamaciones. Después de esperar, según la cliente, un buen rato, el encargado no le acabó dando el documento y ella dijo que no podía perder todo la mañana en el supermercado y que ya denunciaría los hechos por otras vías.

Posteriormente, y ahora hace un mes, tuvo lugar un segundo caso el 8 de junio. En un establecimiento en Blanes, el consumidor denuncia que no solo un trabajador le dijo "no entiendo nada" cuando él se dirigió en catalán, sino que una trabajadora lo escarneció para hablar en catalán.

Imperativos legales

Plataforma per la Llengua también ha detectado que la empresa no tiene la web en catalán y excluye la lengua al etiquetado en sus productos de marca blanca, como lo obliga, en el caso de Catalunya, el Código de consumo. Aquí, además, la normativa vigente establece que la empresa tiene la obligación de garantizar que los consumidores puedan ser atendidos oralmente y por escrito en la lengua oficial que escojan, y fija la obligación que los datos de etiquetado, las instrucciones, los embalajes y los manuales de los productos también sean en catalán. En el caso de las Islas Baleares, a diferencia de Catalunya, la ley no obligue a las empresas a atender ni entender en catalán, pero sí que fija el derecho de los usuarios de expresarse en catalán en los comercios. Precisamente, en la web de Aldi se predica: "Tratamos a las personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros, con respeto y lealtad".

El caso de Veritas, un precedente

Sin ir muy lejos, hace solo un par de meses Plataforma per la Llengua ya denunció el caso de otra cadena de supermercados, en este caso Veritas, que despidió a una trabajadora de un establecimiento de Puigcerdà para hablar en catalán con los clientes. La entidad publicó un audio de la chica en el cual el encargado del establecimiento reconoce que la han despedido por motivos lingüísticos después de que dos trabajadores de la empresa se hicieron pasar por clientes y se quejaron de que la trabajadora los respondía en catalán con el argumento alegal que ellos se habían dirigido en español.