El director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, ha presentado este miércoles los resultados del Barómetro La corrupción en Catalunya: percepciones y actitudes ciudadanas, junto con la responsable de Relaciones Institucionales de Antifrau, Lourdes Parramon. El Barómetro de Antifrau es un estudio que recoge datos sobre la percepción de la corrupción en Catalunya, sobre los niveles de transparencia e integridad en las administraciones públicas catalanas y sobre actitudes y comportamientos de la ciudadanía. Según los resultados del Barómetro, la percepción de la corrupción es alta: el 80,2% de los encuestados considera que hay mucha o bastante corrupción delante del 67% de barómetro del 2020. Además, los partidos políticos (75,4%), seguidos de las entidades financieras (64,7%) y de los sindicatos (62,3%), son las instituciones donde la ciudadanía considera más extendida la corrupción. Las universidades ocupan el último lugar, con un 35,7%
Este es el 7.º barómetro sobre la percepción de la corrupción en Catalunya, que realiza Antifrau. Este año se ha pasado de realizarlo a través de encuesta telefónica a encuesta en línea, con soporte de ordenador. En total se ha encuestado a 1.858 personas mayores de 16 años entre septiembre y octubre pasados. En concreto, 1.391 en Barcelona, 229 en Tarragona, 150 en Girona y 89 en Lleida. Antifrau sostiene que la tendencia sobre la percepción de la corrupción, que había ido a la baja desde 2014, vuelve a ascender este año a cifras de hace diez años; en el 2014 alcanzó su punto más álgido con un 82,3%.
Los jóvenes, más tolerantes
Se detalla que los jóvenes, especialmente en la franja de 16 a 24 años, presentan unos índices más elevados de aceptación y justificación de las conductas corruptas que el conjunto de la población y la tolerancia decrece en las personas más grandes. Ante estos resultados, el director de Antifrau ha declarado que "hay que aumentar entre la gente joven la concienciación sobre la corrupción pública y sus efectos, así como de la responsabilidad de las empresas y el sector privado, que es un actor fundamental para engrasar la rueda de la corrupción".
La valoración no es buena
Antifrau detalla que este año un 82,6% de los encuestados percibe la corrupción en Catalunya como un problema grave o bastante grave, una cifra que en el 2020 se situaba en el 79,5%. Se afirma que las personas con estudios primarios consideran, en mayor medida: que hay mucha corrupción (35,5% hacia el 26,7% del conjunto de la población), que la corrupción es un problema grave (46% hacia 38,3%) y que en los últimos años ha aumentado (59,6% hacia 51,1%).
Además, se afirma que la visión que tiene la ciudadanía de la política y de los que se dedican a ella no es buena: la percepción de poca o nula honestidad se sitúa en un 64,9%, unas cifras que se acercan a las de 2010, mientras que hace dos años era del 53%. El 79% observa (mucho o bastante) falta de transparencia en las decisiones públicas, aunque mejora la apreciación ciudadana sobre la restitución de cuentas. El 81,4% percibe vínculos demasiado estrechos entre negocios y política. Y sigue siendo alta la reclamación de restitución de cuentas; el 80,3% considera que los políticos no dan bastantes explicaciones sobre su gestión, porcentaje que en el 2020 se situaba en el 84,1%. Se mantiene similar en el anterior barómetro el porcentaje de encuestados que cree que los partidos políticos se financian ilegalmente: un 44%, mientras que el 2020 era un 43,1%.
Aparte, Antifrau observa una importante debilidad en la confianza en el personal al servicio de la administración: un 35,3% de los encuestados considera que el personal de la administración es muy o bastante honesto. El servicio público donde se considera más extendida (mucho o bastante) la corrupción es el de las obras públicas (68,7%); en segundo lugar, el urbanismo (66,1%) y, en tercer lugar, la justicia (60,4%).
Uno de los casos investigados por Antifrau fue la compra urgente de mascarillas por parte del Govern por la pandemia sanitaria. Una magistrada de Barcelona también lo investigó, pero lo archivó porque no vio indicios delictivos. El director de Antifrau también ha mostrado "preocupación por la desprotección de las personas alertadoras" de casos de corrupción, y ha reclamado que la ley, que todavía no se ha aprobado para protegerlos, dé competencias a Antifrau para su tutela y también potestad sancionadora.