El 2026 no será el año en que llegue la oficialidad del catalán a la Unión Europea. La cuestión ha vuelto este martes al Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, pero lo hace sin "ninguna posibilidad" de prosperar. Irlanda tiene la presidencia rotatoria del Consejo en estos momentos y el ministro irlandés de Asuntos Europeos, Thomas Byrne, ha avisado esta mañana desde Bruselas que la discusión sobre el catalán será "breve" y acabará de manera infructuosa. "No espero que haya ningún resultado hoy", ha sentenciado Byrne a su llegada a la reunión.
Byrne ha señalado que en la sesión de este martes se escuchará lo que diga el representante español "y reflexionaremos". Tal como ha recordado, el secretario de Estado del Gobierno español ante la UE, Fernando Sampedro, se limitará a "informar" de la propuesta una vez más, en su turno de intervención. De todas formas, el ministro irlandés ha recordado que los servicios jurídicos del Consejo de la UE sostienen que la petición de España requiere una reforma de los tratados europeos y, una vez que se ha emitido este dictamen, "como presidencia estamos obligados a aceptarlo".
Ya a principios de julio, cuando Irlanda tomó la presidencia rotatoria, avisó que la cuestión del catalán no se abordaría mientras no hubiera ningún "cambio" o novedad que lo justificara con respecto a la última vez que se habló —sin éxito, en 2025, por la oposición de varios Estados miembros—. Entonces, la representante irlandesa Aingeal O'Donoghue enalteció la lengua catalana y los vínculos entre Catalunya e Irlanda, pero avisó que continúa sin haber consenso entre los estados miembros para aprobar la medida.
Además, los servicios jurídicos del Consejo de la UE han indicado que no es comparable el uso del catalán en el plenario de un organismo como el Comité de las Regiones o los encuentros ministeriales del Consejo de la UE con la traducción de todos los textos legales de la UE. Estos creen que se debería modificar el primer punto del artículo 55 del Tratado de Lisboa, que recoge las lenguas utilizadas para redactar los tratados de la UE (las 24 que son oficiales actualmente en la UE). El segundo artículo dice que los tratados se podrán "traducir a cualquier otra lengua que determinen los estados miembros entre aquellas que, de conformidad con sus ordenamientos constitucionales, tengan estatuto de lengua oficial en la totalidad o en parte en su territorio". Hasta ahora, España ha mantenido que no es necesaria la reforma de los tratados porque el artículo 342 del Tratado de Funcionamiento de la UE dice que "el Consejo, por unanimidad y mediante reglamentos, determinará el régimen lingüístico de las instituciones de la UE".
Esta semana, España ha hecho un nuevo embate para conseguir incluir el catalán en Europa. En el marco de la ampliación de la UE con la adhesión de países de los Balcanes —como Montenegro o Albania—, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha aseverado que sería "impensable" incorporar nuevas lenguas al régimen lingüístico comunitario antes que el catalán, el euskera o el gallego. Suecia, uno de los países que se opone al catalán en Europa, ha pedido no mezclar cuestiones. También ha avisado de que sería necesario un grupo de trabajo para esclarecer las implicaciones de la medida.
El debate permanece enquistado por la oposición o dudas de varios países
La oficialidad del catalán en Europa ya se votó sin éxito el año pasado, a petición del Gobierno español. La cuestión se habló durante cerca de una hora y los ministros europeos dejaron el debate aparcado sin votar. Entonces, quedó patente la falta de consenso por la oposición de varios países, con un papel destacado de la Alemania del canciller conservador Friedrich Merz. Suecia, Finlandia o Austria también están en contra, por sus respectivas dudas legales, de gasto o para evitar avivar movimientos parecidos de lenguas de sus respectivos países que puedan levantar tensiones internas. También ha influido la campaña en contra que ha propiciado el PP español con sus socios europeos conservadores, que gobiernan varios países. A favor están Bélgica, Dinamarca, Irlanda o Luxemburgo.
Que el catalán sea lengua de pleno derecho en la UE —por ahora solo se puede utilizar de manera limitada, en cuestiones como el Comité de las Regiones— llegó a la agenda política por iniciativa de Junts, que lo puso como una de las condiciones para la investidura de Pedro Sánchez en 2023. A pesar de la presión que ha ejercido el partido independentista sobre el Gobierno para que se mueva en Bruselas para conseguirlo, acusándolo de no cumplir los acuerdos, la cuestión requiere el aval unánime de los 27 estados miembros, un consenso que por ahora no se ha dado.