La decisión del Tribunal de Cuentas conocida este viernes sobre la compra del ático de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es bastante más importante de lo que puede parecer a primera vista. No se limita a admitir una denuncia contra el gobierno de la Comunidad, sino que también aprecia indicios de un posible perjuicio a los fondos públicos y, sobre todo, rechaza la petición de Ayuso de cerrar el asunto. Y hay algo especialmente relevante: el tribunal cuestiona tanto la legalidad de la finalidad de la compra como su justificación económica. La consejera de Cuentas Rosario María Álvarez, magistrada de carrera desde 1987 y que anteriormente ejercía en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, miembro del Tribunal de Cuentas por el Senado desde 2021, ha examinado las siete denuncias presentadas por la adquisición de un ático de 6,3 millones de euros a través de la empresa pública Planifica Madrid. En su resolución, pone el foco en tres aspectos: existen indicios suficientes de un posible daño económico a los fondos públicos; no procede archivar las actuaciones, como habían solicitado la Comunidad de Madrid y Planifica Madrid, y el asunto debe pasar a la Sección de Enjuiciamiento para el nombramiento de un delegado instructor que investigue la operación.
Hay un dato políticamente relevante: la ponente del Tribunal de Cuentas que ha examinado las denuncias fue pactada entre PP y PSOE en el cupo de los miembros propuestos por los socialistas, pero ello por sí solo no demuestra parcialidad en su resolución. Entre otras cosas, porque la Fiscalía se había pronunciado dos veces, el 14 y el 27 de octubre, a favor de abrir esta investigación. Lo cierto es que Díaz Ayuso, acostumbrada a zafarse de todas las polémicas, en esta ocasión se ha encontrado con la horma de su zapato, y cuando más se mueve, más atrapada queda en la madeja de dos cosas especialmente penalizadas: el lujo y el despilfarro. Después se verá si, además, hay malversación, pero de esas dos primeras mochilas le va a costar desprenderse, acostumbrada como estaba a moverse en la liga de los políticos que no hacían ningún uso ostentatorio. Un innecesario ático en Chamberí, uno de los distritos más céntricos, tradicionales y acomodados de Madrid, con edificios señoriales, viviendas de lujo y un mercado inmobiliario de precios elevados, de 485 metros cuadrados y comprado por 6,3 millones de euros de dinero público el pasado mes de abril, son unas alforjas que cada vez le pesan más.
La lideresa de Madrid veremos cómo acaba saliendo del embrollo y qué peaje acaba pagando. Con Feijóo a las puertas de la Moncloa, Ayuso es más bien un problema para los populares que una solución
Tanto es así que cuando se conoció la compra, se dijo primero que serviría como espacio institucional durante las obras de la sede de la presidencia madrileña. Esa explicación aguantó poco y posteriormente se habló de un uso polivalente, incluso con posibilidad de alojamiento. Pero detrás de esas versiones, lo que no se ha aclarado aún es por qué era necesario comprar ese inmueble, quién tomó la decisión y por qué se utilizó esa empresa pública. La operación terminó siendo políticamente tan incómoda que el gobierno madrileño decidió poner el ático a la venta, algo que no ha logrado hasta la fecha, ya que el pasado mes de octubre quedó desierta la segunda subasta después de que nadie presentara una oferta por los 6,69 millones solicitados. El resultado es que el inmueble continúa en venta y el tema no se ha zanjado. A Ayuso le persiguen tres males con este ático: el gasto, a todas luces un despropósito; la falta de transparencia, ya que todo el proceso sigue en una nebulosa, y la rectificación, ya que, si todo estaba tan bien, ¿por qué se precipitaron a desdecirse de la compra y venderlo?
La lideresa de Madrid veremos cómo acaba saliendo del embrollo y qué peaje acaba pagando. Con Feijóo a las puertas de la Moncloa, Ayuso es más bien un problema para los populares que una solución. Su perímetro político está a punto de hacerse más pequeño y las opciones de saltar a la política española si acaba habiendo un gobierno PP-Vox acabarán siendo escasas. Además, ha crecido yendo contra el Gobierno de Sánchez; ahora esa arma ni la tendrá ni la podrá utilizar. Incluso es posible que desde Génova no se vea con excesivos malos ojos que la presidenta de la Comunidad esté en el ojo del huracán y deje de maniobrar por su cuenta. En este contexto, un tema como el del ático cobra una dimensión política y quién sabe si jurídica diferente. Ya no estamos únicamente ante una compra extravagante que la oposición denuncia, sino ante una operación en la que un órgano fiscalizador aprecia indicios suficientes de posible daño a los fondos públicos para rechazar su archivo. Ella, que ha sido tantas veces el dedo acusador, ahora el ático es un auténtico boomerang.