La petición para utilizar el catalán en el Parlamento Europeo continúa estancada un año después de que el ejecutivo de Pedro Sánchez hiciera esta promesa al Govern en el marco de la mesa de diálogo. La Moncloa solo se comprometió a hacer la solicitud, que se tramitó el otoño del 2022. Sin embargo, la Mesa de la Eurocámara todavía no ha tomado una decisión al respeto y ahora ERC pretende exigir al PSOE en las negociaciones de investidura que "culmine" el pacto para garantizar "el uso de la lengua catalana en el Parlamento Europeo". Plataforma per la Llengua lo ve insuficiente y reclama un paso más: la oficialidad del catalán en la UE.

"Queremos el pan entero, no migajas", reivindica a la vicepresidenta de la entidad, Mireia Plana, en la ACN. En plena presidencia española del Consejo de la UE, Plana dice que es "un buen momento" para que el Estado "abogue por la presencia del catalán de manera oficial". "No queremos promesas, queremos hechos", avisa la representante de la entidad, de que intensificará su campaña para exigir que el catalán sea lengua oficial en la UE.

Por ahora, el Govern y el ejecutivo de PSOE y Podemos se han centrado en el uso del catalán en el Parlamento Europeo y no en hacerlo oficial en toda la UE. En cambio, Plataforma per la Llengua alerta que es "mucho más importante" el sello de oficialidad por "todos los preceptos lingüísticos" que hay vinculados. Por ejemplo, el etiquetado de productos.

Promesas en la mesa de diálogo

En la última reunión de la mesa de diálogo, el 27 de julio del 2022, el Gobierno y el catalán cerraron dos acuerdos: uno para "superar la judicialización y reforzar las garantías" y otro por "la protección y el impulso de la lengua catalana". En este segundo acuerdo, La Moncloa prometió, por una parte, impulsar la revisión del reglamento del Senado para que se pudiera intervenir en catalán y, por la otra, pedir "a la presidencia del Parlamento Europeo que considere el catalán como lengua de uso al pleno y a efectos del ejercicio del derecho de petición delante la institución".

Situación en el Senado

La revisión de la reforma del reglamento del Senado no ha salido adelante. Socialistas y republicanos han mantenido algunas conversaciones, pero no han fructificado. Desde de ERC lamentan la actitud tanto del PSOE como del Gobierno, y critican que, con respecto a este tema, los socialistas actúen de la misma manera que el PP.

Fuentes de Govern consultadas por la ACN remarcan, sin embargo, que los acuerdos continúan vigentes y que, por lo tanto, se tienen que cumplir. Desde Palau defienden que en todos los casos se ha adelantado, pero no se han culminado por "diferentes motivos". En el caso del Senado, apuntan al adelantamiento electoral.

Estancamiento en Bruselas

En el caso de la Eurocámara, el gobierno de PSOE y Podemos cumplió con la primera parte de su promesa y en septiembre del 2022 solicitó a la Mesa de la cámara europea que permitiera el uso del catalán, el gallego y el euskera.

Sin embargo, el Gobierno también se comprometió a "trabajar para conseguir una mayoría suficiente que avale esta petición" antes de finales del 2022. En noviembre, el ministro de Exteriores, José Luis Albares, ya enfrió las opciones de cumplir esta promesa alegando "dificultados técnicas" y "políticas" que, según él, le había trasladado la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. Desde entonces, no ha habido novedades y la petición continúa estancada.

En manos de las mayorías políticas

Desde el Govern lo atribuyen, en parte, al caso de corrupción del Qatargate, que impactó la mesa y habría provocado el atraso del acuerdo. Sin embargo, admiten que el siguiente paso es tener mayoría a la Mesa para sacar adelante el acuerdo sobre el catalán. Hay 15 miembros en este órgano: cinco socialdemócratas, tres eurodiputados del Partido Popular Europeo, tres liberales de Renovar Europa y uno de los Conservadores y Reformistas Europeos, los Verdes y la Izquierda. La presidenta Metsola es de los populares europeos y en caso de empate tiene voto de calidad.

Ante la falta de avances en Bruselas, ahora ERC vuelve a situar la lengua como uno de los temas a tener en cuenta a la hora de negociar una investidura de Sánchez. "Avanzar en todos estos nuevos acuerdos paso también para culminar el cumplimiento de los que ya están rubricados, como el uso de la lengua catalana en el Parlamento Europeo," decía la carta que publicaron el lunes en el Ara varios dirigentes de ERC, junto con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Así, el Gobierno mantiene que el cumplimiento de los acuerdos de la mesa de diálogo será uno de los puntos de la negociación a partir del 23-J.

Oficialidad del catalán en la UE

Fuera de la mesa de diálogo, partidos y entidades como Plataforma per la Llengua han pedido también en varias ocasiones al Govern que pida la oficialidad del catalán a la UE y del resto de lenguas cooficiales en el Estado español. Así lo exigió, por ejemplo, la diputada de ERC Marta Rosique en el 2021 en una sesión al Congreso. Albares le contestó que el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero solicitó en el 2004 el "reconocimiento del catalán" y, según él, contestaron que no era posible porque los tratados no lo permiten.

El Consejo de la UE ha negado que nunca se haya hecho una petición porque el catalán sea lengua oficial, tal como consta en una respuesta europarlamentaria.

¿Cómo se regulan las lenguas en la UE?

Los tratados de la UE no establecen cuáles son las lenguas oficiales de la UE, sino las "lenguas de los tratados", es decir, en qué lenguas están traducidos los tratados. La regulación N.º 1/1958 es la norma que marca cuáles son las lenguas oficiales de la UE y el Consejo de la UE -donde están representados los gobiernos de los estados miembros- es quien puede modificar esta regulación por unanimidad.

Es cierto que los tratados de la UE atribuyen a los ciudadanos el derecho a petición, al Parlamento Europeo y al Defensor del Pueblo Europeo, así como a dirigirse a las instituciones de la UE en "cualquiera de las lenguas de los tratados". Sin embargo, la regulación que marca las lenguas oficiales también confiere el derecho comunicarse por escrito en alguna de estas lenguas y a otras prerrogativas, como la traducción de normativas europeas.

Alternativas para lenguas no oficiales

El gobierno de Zapatero pidió en el 2004 el "reconocimiento oficial" a las lenguas cooficiales del Estado "pero nunca pidió que fueran añadidas a la lista de lenguas oficiales de la UE" de la regulación N.º 1/1958. En consecuencia, el que hizo el Consejo fue aprobar un compromiso político que abría la puerta al uso de las lenguas cooficiales del Estado en Bruselas, siempre que España firme un acuerdo administrativo con la institución de la UE en cuestión y asumiera "los costes directos o indirectos" que se deriven.

Así hay margen para utilizar otras lenguas en Bruselas, aunque no tengan el estatus oficial. A petición de los estados interesados, se puede llegar a un acuerdo con el Consejo, el Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones para utilizar otras lenguas "autorizadas" o reconocidas constitucionalmente en las comunicaciones con estas instituciones o para intervenir oralmente. Ahora bien, los estados solicitantes se tienen que hacer cargo de los costes "directos o indirectos" que implique el uso de estas lenguas.

España ha cerrado con el mismo Consejo un pacto administrativo que permite el uso oficial del catalán, el gallego y el euskera en esta institución. También lo ha hecho con Comité de las Regiones, pero no con el Parlamento Europeo.

De hecho, cualquier ciudadano puede dirigirse en catalán, por escrito, a la Comisión Europea, al Consejo, al Defensor del Pueblo Europeo o al Comité de las Regiones, y tiene derecho a recibir una respuesta en su lengua. No es el caso de la Eurocámara.

Aparte de la posibilidad de cerrar un acuerdo administrativo con el Estado, el reglamento de la Eurocámara también se podría modificar, tal como prevé el artículo 237. Ahora solo contempla que los eurodiputados puedan utilizar las 24 lenguas reconocidas como oficiales en la UE, pero los eurodiputados pueden proponer cambios

Bilingüismo en Barcelona

Las oficinas de la CE y la Eurocámara en Barcelona utilizan el catalán habitualmente, pero este uso últimamente se está modificando: antes era exclusivo, y ahora todas las comunicaciones son bilingües (catalán/castellano). Incluso, una campaña publicitaria del ejecutivo comunitario generó polémica porque solo se promocionó en Castellano en Catalunya.