El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado "seguro" de que los Mossos d'Esquadra y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado defenderán, "como hacen siempre en Catalunya y en España, el interés general y los derechos de los ciudadanos".

Catalá se ha pronunciado así poco antes de que se hiciera público que el director general de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, ha presentado su dimisión al recientemente designado conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn.

En declaraciones a la prensa este lunes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, el ministro se ha pronunciado así al ser cuestionado por el hecho de que Forn asegurara la semana pasada que la función de los Mossos d'Esquadra el 1-O será la de cualquier policía en cualquier país del mundo cuando hay elecciones, es decir, "garantizar la seguridad y que la gente pueda votar con tranquilidad".

Sobre este tema, Catalá ha abogado por "diferenciar las declaraciones políticas o de voluntad, de las actuaciones en términos de Derecho" y ha recordado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "están al servicio de la ley y al servicio de los ciudadanos".

"No están al servicio de un gobierno y menos de un gobierno de radicales y de un gobierno que quiere incumplir las normas", ha proclamado. Por lo tanto, se ha mostrado "seguro" que los Mossos d'Esquadra, "como servidores públicos que son, están sometidos al mandato de la ley y no al mandato de una persona", es decir, que "no pueden recibir órdenes contrarias al Derecho".

De la misma manera, ha calificado de "muy preocupante" la situación en Catalunya entorno al referéndum, porque "parecería" que en esta comunidad las decisiones "las toman los más radicales" y "todos aquellos que tenían intención de generar un cierto entorno de diálogo y de acuerdo han sido purgados de un gobierno supuestamente democrático", ha dicho.

Catalá ha asegurado que si el Ejecutivo dirigido por Carles Puigdemont da pasos para incumplir las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) o la legislación vigente, "por supuesto" que el Gobierno actuará "con los instrumentos que el Estado de Derecho pone al servicio del interés general".

El gobierno español "estará en la defensa de la ley"

Preguntado por si el gobierno español iniciará la presentación de recursos ante el TC dado que este martes se aprueba el decreto para la compra de las urnas para el referéndum del 1-O, el ministro ha asegurado que el Ejecutivo de Rajoy "estará, como ha estado siempre, en la defensa de la ley y en la defensa del interés general".

En este sentido, ha indicado que los pasos a hacer son "muy progresivos" y que el gobierno central "está en condiciones de actuar en 24 horas", en el sentido que son asuntos que ya han sido objeto de análisis, se han presentado recursos anteriormente, desde hace tiempo hemos acudido delante del TC o ante los tribunales ordinarios, según los casos, con una argumentación que es la misma que concurre en esta circunstancia.

Por este motivo, Catalá ha explicado que a la vista de las medidas que, si ocurre, se adopten por el Govern de la Generalitat o por el Parlament de Catalunya, se presentarán en plazos "brevísimos" las medidas o actuaciones "que correspondan".

Respuesta "proporcionada y adecuada"

Catalá ha advertido que ante "cualquier actuación" que se promueva que incumpla la ley y las sentencias del TC, el Gobierno adoptará "las medidas que correspondan para asegurar que en España se cumple la ley, que la ley es igual para todos"; además de que un gobierno autonómico no puede promover ninguna actuación contraria a la legislación o a lo que ha declarado el TC, ha recordado.

"Tomar medidas para llevar a cabo un referéndum que ha sido declarado ya inconstitucional es contrario a Derecho y, por lo tanto, el Gobierno actuará en consecuencia. No queremos tampoco anticipar medidas ni promover ninguna actuación que no sea más que proporcionada y adecuada a lo necesario en cada caso", ha manifestado.

Respecto a esto, ha asegurado que el Ejecutivo "hará que se cumpla la ley en toda España, y por descontado también en Catalunya, y la ley se cumple para proteger el interés general de todos los catalanes y no simplemente de unos pocos".