El delito de malversación está a la orden del día después de que el Congreso haya tramitado la reforma de la sedición, un delito que destacaba en la Unión Europea porque ningún otro estado miembro lo contempla en el suyo. En cambio, el delito de malversación de caudales públicos, por el cual también serían condenados algunos líderes independentistas en el juicio al procés, sí que está penado a la gran mayoría de los estados miembros. Frecuentemente-- y está aquí donde hay polémica con la ley española-- se entiende que la malversación implica no solo que alguien con un cargo público se apropie del dinero del Estado, sino que lo tiene que hacer con la intención de lucrarse personalmente o a uno tercero. Esta es la línea general que siguen los sistemas judiciales, como Francia, y que pueden incluir agravantes según la gravedad del delito. Aquellos que no contemplan un delito específico por lucrarse de caudales públicos, como el Reino Unido, suelen incluir como agravante tener una posición de poder y abusar de la confianza.

La malversación en el Código Penal español

El PP reformó el Código Penal en el 2015 para agrupar la apropiación indebida y la administración desleal (gastar dinero de una manera inapropiada) en el mismo concepto de malversación y, presuntamente, perseguir y castigar el independentismo con más severidad después del 9-N. En aquella situación, no se pudo juzgar el presidente Artur Mas por este delito, porque se entendía que no quería quedarse el dinero para él mismo, sino para hacer la consulta. Con la reforma del PP, el Código Penal estipula a partir del artículo 432 del capítulo VII que la malversación es un delito contra la administración pública que solo pueden cometer los funcionarios o aquellos que tienen poder sobre el patrimonio público. Por una parte, está la malversación apropiativa: cuando una persona se queda los dinero/bienes que ha robado para sí mismo; y, por otra parte, la malversación de uso: cuando alguien desvía los fondos para otra cosa que no sea aquello para el cual estaban designados, aunque no se lucre directamente. Este último sería el que aplicaría a Mas si se le juzgara hoy. De esta manera, se agrupan dos escenarios diferentes en un mismo delito, que en ninguno de los casos contemplan la intención de lucrarse. El grado de gravedad en cada caso, según la cuantía de la apropiación o la magnitud de los daños causados a la administración, dictará la pena del condenado. La horquilla es amplia: las penas oscilan entre uno y ocho años de prisión, además de la inhabilitación de hasta veinte años.

Francia y Bélgica

La República francesa tiene un mecanismo jurídico muy similar al del Estado español con respecto a la malversación, en el sentido que tiene una ley específica para los trabajadores públicos, pero tampoco tiene en cuenta el ánimo de lucro, y solamente habla de "destruir, desviar o sustraer" fondo o bienes. Y es que los artículos 432-15 del Código Penal galo no exige la intención de apropiarse de los fondos malversados ni que, efectivamente, se haya obtenido un beneficio personal. De esta manera, replican también los conceptos de apropiación indebida y administración desleal en un mismo delito. La diferencia con España, sin embargo, la encontramos en las penas, que ascienden a los diez años de prisión y una multa de 1.000.000 de euros, que puede sumar el doble que el dinero apropiado, además de la inhabilitación. De la misma manera, el Código Penal belga contempla, como en el caso del Estado español, una ley específica para castigar los delitos cometidos por los funcionarios, penada con condenas de cinco a diez años de prisión. En este sistema judicial, también se unen en un mismo delito los conceptos de apropiación ilegal y administración desleal, y excluyen el ánimo de lucro.

Reino Unido

En el singular sistema judicial common law de Inglaterra y Gales, el embezzlement se produce cuando alguien abusa de su posición como administrador de fondo (en un contexto tanto público como privado) y se apropia para su propio beneficio. Este delito se puede encontrar, según las circunstancias de la situación, en el Fraud Act 2006 o el Theft Act 1968, y contempla cuándo alguien se aprovecha de la confianza en que se le ha otorgado en su posición de poder. Las penas, por lo tanto, varían en cada caso, según el delito de fondo.

Alemania

De manera similar al Reino Unido, Alemania pena los abusos de poder cuando una persona disfruta de confianza para administrar fondos. Llaman a este delito 'infidelidad', y se produce cuando la víctima sufre daños económicos. Según la gravedad estos, las penas de prisión van de uno a diez años. Con todo, los alemanes también tienen una ley separada por la apropiación indebida, al contrario que España. Para este segundo delito, el autor tiene que cometer el robo con la intención de lucrarse y, si lo hace bajo la confianza de la víctima, se agrava la pena de prisión hasta cinco años.