Ha fallecido el juez Ramírez Sunyer, del juzgado número 13, cuando faltaba poco para acabar la fase de instrucción del juicio del 1-O. Tras la muerte del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el 18 de noviembre del 2017 en Argentina, otra muerte afecta a los protagonistas de la acción judicial contra el procés. El 12 de diciembre Sunyer, que hacía tiempo que estaba enfermo, ya fue ingresado en el Hospital Clínic por una grave dolencia intestinal. Estuvo de baja y eso paralizó algún tiempo el caso; fue sustituido transitoriamente por Jaime Conejo, también muy polémico por haber publicado contenidos españolistas en las redes sociales.

Un antisoberanista desbordado

Ramírez Sunyer ha sido considerado especialmente hostil al soberanismo y por eso, incluso, los abogados de los acusados del proceso intentaron recusarlo, pero la Audiencia lo rechazó. Ramírez Sunyer había empezado a investigar las declaraciones del juez Vidal sobre el uso ilegal de datos en la preparación del referéndum, a partir de sendas denuncias de Vox y de Miguel Duran, pero muy pronto diversificó sus líneas de investigación: fue él quien ordenó el registro de las conselleries el 20 de septiembre, y también el cierre de las páginas web del referéndum. Fue acusado de numerosas irregularidades. Tras negar durante mucho tiempo que investigara el referéndum, en septiembre aceptó que llevaba tiempo haciéndolo. Su campo de actuación se amplió tanto que el Consejo General del Poder Judicial decidió reforzar el juzgado número 13, el mes de marzo a fin de que él se dedicara en exclusiva a perseguir el proceso. En el mes de octubre le prolongaron el refuerzo.

Causa general contra el independentismo

Ramírez Sunyer investigaba a un alto número de colaboradores en el proceso que no están aforados: Josep M. Jové, Lluís Salvador, Josué Sallent, Xavier Puig, Josep Maria Salvat, Jordi Graells, Jordi Puigneró, David Franco, Pau Furriol, David Palanca, Juan Manuel Gómez, Joan Ignasi Sánchez, Rosa Maria Rodríguez, Mercè Martínez, Pep Masoliver y Santi Vidal. Hace sólo unas semanas, Sunyer decidió retirar las acusaciones de rebelión y sedición para los cargos de confianza del Govern que mantenía bajo investigación desde hace más de un año. Alegó no ser competente para investigar estos delitos después de haber sido más de un año investigando la rebelión y la sedición y proporcionando todos los informes de la Guardia Civil tanto a la Audiencia Nacional como al Tribunal Supremo. De hecho, Ramírez Sunyer llegó a admitir que no hay indicios de estos delitos entre sus investigados, a la vez que explicaba que no había dejado de investigar la rebelión y sedición. Un despropósito judicial que enojó a las defensas. Desde el principio los abogados han denunciado que el caso que se estaba investigando en el juzgado de instrucción 13 era una causa general contra el independentismo, que pretendía detener el referéndum del 1 de octubre y criminalizar a todos los que formaban parte de su organización.

El juez que investigaba aforados

Se criticó también mucho a Ramírez Sunyer el hecho de que investigara a aforados y no derivara este caso hacia el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, al que le habría correspuesto la investigación. El president Carles Puigdemont; el vicepresident Oriol Junqueres; los consellers Carles Mundó, Toni Comín y Jordi Turull, y la portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira, aparecen en el sumario del juez de instrucción número 13 de Barcelona que, en principio, investigaba las declaraciones de Santi Vidal sobre la Hacienda catalana. Todos ellos eran aforados y ya tenían un caso abierto —menos Rovira— en el TSJC, que es quien tenía las competencias para juzgarlos. Pero el juez del 13 ni se inhibió ni comunicó su intervención en los preparativos del referéndum, invadiendo así las competencias de la magistrada Mercedes Armas que investigaba el Govern a partir de la querella de la fiscalía.