Este lunes ha empezado en la Audiencia de Barcelona el juicio del conocido como 'caso Montoro', con nueve jóvenes de Vilanova i la Geltrú al banquillo de los acusados, que se enfrentan apenas de hasta 8 años de prisión acusados de los disturbios después de un mitin del PP durante la campaña electoral en el Parlamento Europeo, en mayo del 2014.

"Primero de todo, tenemos que tener en cuenta que nos encontramos ante un juicio político. Se juzga a los 9 jóvenes por lo que son y no por lo que" han "hecho", ha sentenciado Eduardo Cáliz, a uno de los abogados de la defensa, a la entrada de la Audiencia de Barcelona. "Son personas comprometidas y que plantan cara a los problemas sociales y nacionales del país. Este es el leitmotiv de este juicio", ha continuado Cáliz, que considera que la petición de penas de hasta 8 años de prisión es "absolutamente desproporcionada". "Es verdad que el PP no formula acusación particular pero no le hace falta porque ya tiene la Fiscalía, que en este caso actúa como brazo ejecutor de las medidas represivas del estado español", ha valorado al letrado.

"Estamos ante unos hechos que en absoluto fueron violentos. De hecho, hubo una responsabilidad directa del equipo de seguridad del PP, que no obedeció las órdenes de los Mossos D'Esquadra," ha querido dejar claro Cáliz. Al acabar el acto del PP, varios manifestantes se enfrentaron con la comitiva de coches donde viajaban el candidato Santiago Fisas, el entonces líder del PP catalán Alícia Sánchez Camacho y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

"Quisieron salir por un sitio diferente del indicado y atravesar por el medio la manifestación, provocando el conflicto," ha recordado el abogado de la defensa del 'caso Montoro', que dice desconocer el motivo de esta decisión del equipo de seguridad del PP. "O tenía la intencionalidad de buscar conflicto o fue una grave irresponsabilidad por su parte", ha concluido Cáliz. La tensión y la regañada fueron además y hubo golpes de bandera y lanzamientos de piedras contra el vehículo donde viajaba Montoro.

Precisamente, el exministro y Sánchez-Camacho declararán como testigos el próximo 27 de junio a través de videoconferencia.