Cada paso que da el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena amenaza más los movimientos del bloque independentista. Ya sea para formar gobierno o para reanudar la normalidad sin el 155. Esta normalidad levanta todas las suspicacias al magistrado que instruye la causa contra 28 investigados, todos cargos electos: miembros del anterior Govern, de la anterior Mesa del Parlament, diputados, exdiputados y líderes de las entidades soberanistas.

Cada vez que las fichas independentistas se mueven, las fichas del Supremo las emoujan más hacia el jaque mate. Fuera del tablero han quedado ya los consellers que están en la prisión, Oriol Junqueras y Joaquim Forn, los Jordis y, en la práctica, los miembros del Govern que han quedado en libertad provisional y la Mesa de la anterior legislatura. Pero son el arma secreta clave de Llarena. Con la espada de Damocles sobre todos ellos, los movimientos sobre el tablero de ajedrez son directos.

Solo así se explican las renuncias de Forcadell a volver a presidir el Parlament  y la renuncia al acta de diputado de Carles Mundó, Joaquim Forn, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí, así como la desaparición de declaraciones públicas de Raül Romeva y Dolors Bassa. Meritxell Borràs no quiso ni formar parte de la candidatura electoral. Todavía en primera línea se mantienen Jordi Turull y Josep Rull, mientras que Carles Puigdemont y Toni Comín intentan mantener el control de la partida desde Bruselas, pero sin pisar territorio español, para no acabar fuera de juego, en Estremera. Y Santi Vila, la excepción de que confirma la regla, el conseller que dimite el día antes de proclamarse la república y que se salva de la prisión, no sin pasar una noche entre rejas por compañerismo con los consellers, según sus propias palabras.

En el tablero de ajedrez se mezclan diferentes estrategias. Los investigados han ido variando su defensa a medida que avanzaba el caso y en este contexto han cambiado también de abogados. También han acatado el 155, han renunciado a la vía unilateral, han renunciado a seguir en política, han llevado el caso a las instancias europeas y han presentado múltiples recursos para salir de la prisión -los que están en ella.

En este contexto también se explica el paso adelante en el tablero dado por Roger Torrent. Mantiene la partida dentro de la legalidad y aplaza la investidura para no hacer caer más torres ni caballos.

En el juego de ajedrez ha entrado el Tribunal Constitucional. Es él el que tiene que decidir si es legal -según su criterio, claro- investir a Puigdemont; y entrando en juego marca también un nuevo calendario judicial que se une al del Tribunal Supremo. Por primavera podría llegar el desenlace de la partida judicial y, de rebote, si no hay investidura ahora, también la partida política.

Tres tribunales marcan el paso del proceso judicial contra todos los responsables del referéndum, partidos del Govern y entidades soberanistas. Los interrogatorios de los nuevos imputados, nuevos informes de la Guardia Civil y las declaraciones implacables de los testigos se abren camino en la instrucción judicial de los próximos meses.

Jaque

Le toca mover ficha al Tribunal Supremo. Lo hará este mes, los días 14, 19 y 20 de febrero. Ya ha citado a los nuevos imputados. Pablo Llarena ha fijado el día de Sant Valentín para las imputadas de la CUP, Anna Gabriel y Mireia Boya, que declararán el 14 de febrero. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, declararán el 19 de febrero y el expresident Artur Mas y la expresidenta de la AMI Neus Lloveras, el 20.

Sus cargos aparecen en el informe Enfocats como responsables de sacar adelante la hoja de ruta para la República catalana. El documento lo encontró la Guardia Civil en casa de Josep M. Jové durante los registros del 20 de septiembre cuando lo detuvieron como cerebro del referéndum.

Después de la declaración se dictarán las medidas cautelares. No parece, sin embargo, que en esta ocasión esté la posibilidad de la prisión provisional, como pasó con los consellers del Govern, habida cuenta de que Llarena no ha tenido prisa en convocarlos. Pero habrá que esperar a la declaración para ver qué pide la Fiscalía, que siempre se ha mostrado implacable, y qué decide el juez, que hasta ahora le ha hecho caso en todo.

Avanzan los peones

Cuando la Guardia Civil mueve ficha, siempre lo hace a partir del sumario del juez de instrucción 13 y, muy a menudo, a partir de la actualidad. Así, cuando Marta Rovira se perfilaba como sucesora de Junqueras y posible presidenta de la Generalitat en el caso de que ERC ganara las elecciones y Junqueras continuara en prisión, apareció el informe Enfocats, que del juzgado de instrucción de Barcelona fue a parar a la mesa de Pablo Llarena, quien ha acabado imputando a la secretaria general de los republicanos.

Ahora que se pone en cuestión la presidencia de la Generalitat por parte de Carles Puigdemont y que están los focos puestos en Junts per Catalunya y en un posible relevo, Elsa Artadi ha aparecido en una lista de posibles investigados obra de la misma Guardia Civil a partir del material requisado en los registros. Si en el caso de Rovira el registro en casa de Josep M. Jové fue clave, ahora entra en juego la lista de correos del secretario de Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Lluís Salvadó, intervenida también por la policía el 20 de septiembre.

A raíz del análisis de los correos, la Guardia Civil ha confeccionado una lista de 32 personas que figuran en la correspondencia electrónica de Salvadó y que considera "de interés" para la investigación. En ella figuran tanto receptores como emisores, así como el trabajo que realizaban en ese momento y sus cargos.

Artadi, la artífice de la campaña de Carles Puigdemont para las últimas elecciones catalanas y ahora diputada por JuntsxCat, ocupó, durante la presidencia de Puigdemont antes de la aplicación del 155, el cargo de directora de Coordinació Interdepartamental de la Generalitat de Catalunya y algunos medios la han incluido en las quinielas como hipotética sucesora del president.

Jaque mate

Para inhabilitar a un cargo político hace falta una sentencia firme. Pero para suspenderlo de sus funciones solo hace falta el auto de procesamiento, en que el magistrado define los delitos, cierra la instrucción y abre el juicio, que los investigados estén en prisión provisional y que se les acuse de rebelión. Así lo dice el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: "Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".

Fuentes judiciales apuntan la posibilidad de que una vez este auto de procesamiento esté redactado, Llarena podría volver a cursar la euroorden para que la justicia belga extradite a Puigdemont, Comín, Serret, Ponsatí y Puig.

El calendario se mueve alrededor de la primavera, entre marzo y abril, cuando se calcula que Pablo Llarena ya habrá tomado declaración a todos los investigados y cerrará la instrucción para llevar el caso a juicio. El juicio, que se hará en el Tribunal Supremo y que afecta a los miembros del Govern, la Mesa y diputados y exdiputados, podría llegar a finales de año.