El caso del 1-O se asignó "a dedo" al juzgado de instrucción número 13, según denuncian las defensas de ex altos cargos del Govern investigados que, con este argumento, reclaman la nulidad de la investigación que se ha llevado a cabo hasta ahora. Ramon Setó, abogado de algunas de los investigados, ha denunciado en declaraciones a TV3 que hubo "arbitrariedad" para asignar el caso al juez del 13 "por su ideología y con la garantía que lo podía tramitar de una manera especial que era la que convenía".

Setó presentará este martes un recurso, según adelanta TV3, a la decana de los juzgados de Barcelona reclamando que se anule el acta de reparto que dejó el caso en manos del entonces juez del 13, Juan Ramón Ramírez Sunyer.

Asimismo, presentará otro recurso al juzgado del 13 reclamando la anulación de las actuaciones llevadas a cabo dentro de la investigación, lo cual incluye las declaraciones, los documentos y la información obtenida en las entradas y registros de la Guardia Civil.

El abogado recuerda que cuando el juez Ramírez Sunyer murió a principios de noviembre, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, le envió una carta asegurando que su intervención había cambiado la historia de España.

"El juzgado 13 ha servido para vestir y fundamentar la prueba de varias causas judiciales contra el independentismo catalán, como, básicamente, la de la Audiencia Nacional y la del Tribunal Supremo", afirma el abogado a TV3.

La información ha provocado la respuesta del presidente del Parlament, Roger Torrent, que ha descrito la causa contra el independentismo como "uno de los mayores escándalos judiciales de la historia reciente de Europa".