La batalla final en el Partido Popular para ganarse el voto de los compromisarios e imponerse como nuevo líder de la formación empieza a insinuar la extenuación del asedio contra el independentismo. El exvicesecretario de comunicación, Pablo Casado, ha abogado este martes en un acto en Madrid por la reforma del código penal para castigar la convocatoria de referéndums, así como el delito de sedición impropia ―es decir, aquel que pasa por una declaración de independencia sin violencia―, que se despenalizaron con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Con estos dos delitos se evitó el plan Ibarretxe y hubiéramos evitado el proceso de Puigdemont", ha dicho Casado, quien ha lamentado que las herramientas del Estado fueran "reactivas" y sólo en respuesta a posterior a actos del independentismo, como el 9-N o el 1-O. La sedición impropia, de hecho, se despenalizó el año 1995 y pasaba por las penas de 6 a 12 años de prisión para los que "atentaran contra la integridad de la nación española o la independencia de todo o parte del territorio bajo una sola representación de su personalidad como tal nación", exponía este artículo, que ya no existe en el ordenamiento.

En este sentido, el aspirante a presidente del PP ha lamentado en todo momento el diálogo del presidente español, Pedro Sánchez, con el de la Generalitat, Quim Torra, en la reunión de este lunes en el Palacio de la Moncloa. "Ya basta con quien ha humillado a todos los españoles, y encima dicen que no renuncian a la autodeterminación, además de hacer comentarios racistas y supremacistas", ha añadido. "No podemos hacer ninguna concesión", ha insistido.

Preguntado si está a favor de ilegalizar los partidos independentistas, ha recordado que cuando era portavoz del PP, ya dijo que los partidos democráticos "no tendrían que incluir en sus estatutos fines ilegales", algo que, según ha dicho, justificó con la Constitución francesa, alemana y portuguesa. El hecho es que Casado ya había dicho en octubre de 2017 que "a título particular" no descartaba esta modificación en la ley electoral, pero el coordinador general Fernando Martínez-Maíllo consideró que no era la "posición oficial".