La comisión de investigación del proyecto Castor ha empezado a trabajar este lunes en el Parlament. Y lo ha hecho con documentación inédita, que el grupo ciudadano Cas Castor ha aportado a la comisión para poder ayudar en su trabajo. Se trata del contrato que firmaron el Banco Europeo de Inversiones (BEI), órgano financiero de la Unión Europea, y ESCAL UGS, la empresa concesionaria. Alfons Pérez, miembro del grupo, lo ha descrito como "proyecto estafa".

Según el grupo ciudadano, con este contrato, ESCAL UGS "se comprometía a cumplir con todas las condiciones de plazos y calidad del proyecto, y de establecer una relación fluida con el BEI para que este tuviera la información en todo momento del estado del proyecto". Por su parte, el BEI "asumía la responsabilidad de hacer un seguimiento exhaustivo pudiendo exigir responsabilidades a la empresa por cualquier imprevisto tanto en la fase de construcción como de la operación".

"El BEI tenía, por lo tanto, los elementos necesarios para enfrentar la empresa e, incluso, retirar la financiación del banco", aseguran desde el grupo ciudadano. En este sentido, denuncian que "el BEI hizo un seguimiento deficiente de una inversión tan importante, en un momento en el que Magdalena Álvarez –persona que pedimos que se investigue en nuestra querella-- era vicepresidenta del BEI, teniendo una responsabilidad sobre el proyecto".

Alfons Pérez, que ha comparecido acompañado de diputados de JxCat, ERC, los comunes y la CUP, ha subrayado que este documento ya lo habían pedido en 2014, pero que no les había sido entregado. Según ha explicado, ha sido gracias a las "redes internacionales" del grupo que lo han conseguido. Ha destacado la tarea de "fiscalización" que tenía el BEI.

Por otra parte, el grupo también ha entregado a la comisión la querella presentada, 12 documentos incluidos en la querella y 31 documentos obtenidos a partir de la investigación. También ha hecho una nueva petición de 12 documentos que "necesitamos que afloren a la luz pública". Estos documentos, argumentan, "tendrían que ser públicos", y la comisión puede ser un instrumento útil para emprender acciones jurídicas.

Simona Levi, activista del grupo X-Net, ha pedido la colaboración de los grupos parlamentarios para poder organizar una reunión con la comisión del Congreso donde quieren aportar una "propuesta sorpresa", sin dar más detalles.

"Nadie se hace responsable"

En su comparecencia ante la comisión, Alfons Pérez ha denunciado que no se trata de uno "cúmulos de errores" fruto del azar", sino de un "plan urdido para el enriquecimiento de los querellados".

Por su parte, Jordi Marsal, periodista y autor del libro Castor: la burbuja sísmica, ha criticado lo que considera "uno de los mayores escándalos económicos y ambientales de las últimas décadas en el Estado español". En este sentido, Marsal ha señalado los más de 1.000 terremotos certificados por la Universitat d'Alacant, y ha lamentado que "pasó y nadie se hace responsable".

Finalmente, Josep Giner, doctor en geología y profesor de la UB, se ha centrado en la parte más científica, que ya abordaron Harvard y el MIT en sus informes. "No es cierto que Castor se suspenda debido a los terremotos, sino que los terremotos son la consecuencia de lo que se ha hecho mal", ha afirmado.