El president en el exilio, Carles Puigdemont, y el exconseller Toni Comín han presentado recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea  (TGUE) que les deniega la inmunidad en el Parlamento Europeo, según ha informado el tribunal este lunes. En concreto, el abogado de los diputados catalanes de Junts, Gonzalo Boye, presentó el recurso el viernes por la noche, cuando acababa el plazo, y por ahora, no ha pedido ninguna medida cautelar, como su protección. Fuentes del TJUE recuerdan, sin embargo, que lo puede hacer en cualquier momento hasta que se resuelva la causa.

En concreto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea detalla que los eurodiputados catalanes han presentado dos recursos, a pesar de que el TGUE resolvió los dos casos conjuntamente: por la causa presentada por Puigdemont y Comín se ha designado el número C-573/23 P; mientras la interpuesta por Puigdemont, Comín y Clara Ponsatí contra la resolución del Parlamento que les retira la inmunidad tiene el número C-572/23 P. La respuesta del TJUE no se espera que sea pronto, y más ahora con las negociaciones abiertas por la investidura de Pedro Sánchez.

Euroórdenes paradas

La protección que puede pedir la defensa de los eurodiputados de Junts al TJUE es una medida cautelar para que no se les detenga en ningún país europeo, mientras se resuelve su recurso, como ya pidieron en la causa inicial, cuando el juez de instrucción del Tribunal Supremo los hizo detener en Italia y el TJUE le hizo rectificar. Esta vez, el juez Pablo Llarena resolvió, el julio pasado, que no volverá a reactivar una orden de detención europea hasta que la sentencia del TJUE sea firme. Llarena solo ha reactivado las órdenes de detención en el estado español.

Malversación de fondos

Esta vez, el juez Llarena se ha mostrado prudente y no ha hecho caso a las peticiones de la Fiscalía de Vox que le solicitaron que reactivara las peticiones de detención internacional de Puigdemont y Comín, justo el día siguiente a las elecciones generales. Los cuatro fiscales del Tribunal Supremo reclamaban esta acción porque consideran que con la revocación de su inmunidad en primera instancia no hay que esperar la respuesta definitiva del Tribunal de Justicia de la UE.

El juez Llarena puede reactivar las euroórdenes cuando quiera, y por eso, seguramente, el penalista Gonzalo Boye guarda la carta de la medida cautelar hasta que haya un peligro real de detención para Puigdemont y Comín, procesados por el delito de malversación de fondos por el 1-O, castigado hasta 12 años de prisión.

La última palabra la volverán a tener los tribunales belgas, como en el caso del exconseller Lluís Puig, que rehusaron entregarlo. El TJUE, pero, en la sentencia de las prejudiciales, dio parcialmente la razón al juez español que no se podía denegar una extradición, si el país receptor no veía un peligro por los derechos de la persona, como alega el exilio catalán. En el caso de Puig, la Fiscalía ha solicitado recientemente al juez Llarena que reactive su orden de detención en Europa.