El independentismo contraataca. El president de la Generalitat Quim Torra viajará este jueves a Bélgica para acompañar a su predecesor, Carles Puigdemont después de la presentación de una ofensiva contra el Estado español. De la mano de los exconsellers Lluís Puig, Clara Ponsatí y Toni Comín, y la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzié, el expresident hará pública la iniciativa para que la Comisión Europea intervenga activamente en el conflicto entre Catalunya y España.

Concretamente pedirán que considere la aplicación del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que prevé sanciones para los estados miembros que violen gravemente y persistentemente los valores de la Unión, que son el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos, los derechos de las minorías. Lo impulsan el Consell per la República y la ANC. El acto se hará en Bruselas y contará con la presencia de Gérard Onesta, exvicepresidente del Parlamento europeo; Igor Korsič, director artístico y profesor en la Universidad de Liubliana. Horas después, Puigdemont y Torra comparecerán conjuntamente desde Waterloo.

La propuesta plantea la necesidad de "democratización del Reino de España" y el "reconocimiento del derecho de autodeterminación" como respuesta a la represión del Estado español contra el independentismo. El último ejemplo, el veto de la Junta Electoral Central para que Puigdemont, Comín y Ponsatí sean candidatos a Europa.

Se trata de un proceso largo que se inicia registrando la Iniciativa Ciudadana en la Comisión Europea. Una vez se acepta, este organismo tiene dos meses para decidir si el asunto en cuestión entra dentro de sus competencias. En caso afirmativo, se abre un plazo de un año por recoger, como mínimo, un millón de firmas de ciudadanos europeos de varios estados miembros de la UE.

¿Qué dice el artículo 7?

Si acepta que es competente, la aplicación del artículo 7 del TUE prevé que en caso de constatar la existencia de una violación grave y persistente por parte de un estado miembro de los valores de la UE se pedirá información en el estado en cuestión, en este caso, sería España. A partir de aquí, se podrá decidir, por mayoría cualificada|calificada, que se suspendan determinados derechos a este estado, como por ejemplo el derecho al voto del representante del Gobierno en el Consejo de Europa.

Hace medio año que el Consejo de la República trabaja para terminar esta iniciativa. Finalmente verá la luz este jueves.