Las víctimas de las cargas del 1-O en el colegio electoral de Benestar Social de Lleida han presentado una demanda colectiva ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo de forma conjunta con Òmnium Cultural, Advocacia per la Democràcia de Lleida y los CDR del barrio donde se produjeron los hechos. El recurso se presenta por vulneración del derecho a reunión y del derecho a una investigación judicial efectiva ante una denuncia por maltratos policiales, artículos 11 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y después de haber agotado todas las vías judiciales posibles en el Estado español. El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha asegurado que "siempre hemos dicho que iremos hasta el final para impedir que la violencia policial del 1-O quede impune, no permitiremos que un estado pretendidamente democrático se niegue a investigar las vulneraciones de derechos fundamentales a sus ciudadanos".
Cargas policiales del 1-O
Los hechos denunciados ante el tribunal europeo se remontan al referéndum del 1 de octubre de 2017, cuando una cuarentena de policías nacionales cargaron sin previo aviso contra los ciudadanos concentrados en el colegio electoral de Benestar Social de Lleida, mayoritariamente personas de edad avanzada, provocándoles lesiones de varios niveles. En concreto, un hombre sufrió un infarto durante las cargas del 1 de octubre. Veintiocho ciudadanos se querellaron de forma conjunta el mismo día de los hechos en el juzgado de guardia de Lleida, mientras la policía nacional todavía asaltaba colegios en la ciudad. Tras cinco años de instrucción, la investigación fue archivada hasta tres veces por el juzgado de Lleida, y confirmada por la Audiencia Provincial, que nunca llegó a juicio. En paralelo, el Tribunal Constitucional también decidió no admitir a trámite el recurso de amparo.
46 policías españoles a juicio
El pasado mes de febrero, la Audiencia de Barcelona confirmó la decisión del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona de enviar a juicio a un total de 46 policías nacionales por las cargas en las diferentes escuelas de la ciudad de Barcelona durante el 1 de octubre de 2017. Afianza, así, el criterio del magistrado instructor, que considera que existen suficientes indicios de delitos de lesiones y contra la integridad moral en este caso. En la resolución, el tribunal descartaba investigar a más agentes —motivo de los recursos de apelación de las acusaciones—, pero también descartaba archivar ninguna de las causas contra ellos, denegando las peticiones de sus defensas, con el apoyo mayoritariamente del ministerio fiscal.
El auto establecía que "la calificación jurídica indiciaria que otorga el auto a los hechos descritos va más allá de simples delitos de lesiones y apunta claramente a que algunas conductas podrían ser incardinadas en el delito contra la integridad moral cometido por funcionario público".