La prisión y el exilio que padece parte del Govern y la amenaza del Tribunal Supremo sobre un número muy importante de dirigentes independentistas está rodeando de una complejidad extrema el pacto para el arranque de la legislatura. Un acuerdo básico cerrado en Bruselas entre el president, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, tiene que servir de punto de apoyo a partir del cual impulsar la sesión de constitución del Parlament el próximo miércoles con una Mesa de mayoría independentista y, posteriormente, la investidura. No obstante, la concreción del acuerdo se está demostrando muy difícil.

Puigdemont y Rovira pusieron en marcha en una cena en Bruselas el martes por la noche la maquinaria que había diseñado la semana anterior republicanos y Junts per Catalunya en una reunión previa a la capital belga. El primer paso ha sido descartar, según fuentes republicanas la posibilidad, apuntada desde JuntsxCat de bloquear la constitución del pleno con la incomparecencia de los diputados en el hemiciclo y, por tanto, impulsar la puesta en marcha de la legislatura con normalidad.

El acuerdo se ha conocido este miércoles a primera hora. Pero la dificultad para ponerlo en práctica se ha hecho evidente de manera inmediata. De entrada porque ERC ha dejado claro que, vista la experiencia se opone a tensar de nuevo el reglamento del Parlament. En cambio, desde JuntsxCat se argumenta que la lectura del reglamento tiene que tener un carácter político y no técnico y que las resoluciones de los letrados de la Cámara no son vinculantes y tienen que permitir una interpretación por parte de los miembro de la Mesa.

De momento, los letrados, a pesar de no haber emitido un pronunciamiento formal, no ven con buenos ojos la posibilidad que se ha apuntado de una investidura por videoconferencia, pero tampoco la intervención delegada en otro diputado. Argumentan que esta vía limitaría el derecho a la participación de la oposición dado que no tendría oportunidad de debatir directamente con el candidato a la investidura.

Igualmente, la oposición ha hecho saber su desacuerdo y desde Madrid se ha anunciado un recurso inmediato en caso de que se adopte esta vía. La voluntad del Gobierno español es parar cualquier alternativa en este sentido que, en caso de que llevara a la investidura de Puigdemont tendría que ser rubricada por el Rey Felipe VI que, según la Constitución es quien tiene que nombrar al presidente escogido por el Parlament.

Pero la dificultad no se limita a la investidura. También la Mesa del Parlament, que es quien tendrá que fijar las reglas de aquel pleno, está rodeada de incógnitas. La presidenta, Carme Forcadell, no ha descartado todavía formalmente repetir en el cargo pero todo el mundo es consciente de que cualquier decisión fuera del cumplimiento estricto del reglamento podría complicar el caso contra ella abierto al Supremo. La previsión mayoritaria es que finalmente decline la propuesta para dedicarse a su defensa. Eso plantea la necesidad de encontrar un nombre alternativo en las filas republicanas con experiencia suficiente como para poder asumir este papel y dispuesto a asumir el riesgo.

Uno de los nombres que se ha señalado las últimas horas con insistencia es el de Ernest Maragall, que precisamente tendrá que asumir esta responsabilidad cuando se constituya la Mesa de edad. Maragall se reunió ayer con Forcadell para abordar el pleno de constitución de la Cámara, y fuentes parlamentarias aseguran que ha dejado claro que su voluntad como presidente de la Mesa de edad es aplicar aquello que fije el reglamento.

La comparecencia este jueves ante el juez del Tribunal Supremo de los responsables del ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y del conseller Joaquim Forn tendrá que aportar novedades en el escenario parlamentario. De entrada, se sabrá si el juez admite el levantamiento de las medidas cautelares que los mantiene en la prisión de Soto del Real y Estremera. Y en caso contrario se conocerá la posibilidad de que los diputados electos, es decir Sànchez y Forn -y, por lo tanto también, el vicepresidente Oriol Junqueras- puedan salir del centro penitenciario para participar en el pleno.

A partir de aquí se sabrá si los independentistas pueden contar con estos diputados y preservar así la mayoría absoluta del hemiciclo o si, por el contrario, se tienen que plantear la necesidad de que algunos de los diputados renuncien al acta. Todo ello a partir de la premisa que los comunes de Xavier Domènech han garantizado que no se sumarán en el bloque unionista, lo cual tendría que impedir que C's, PSC y PP puedan poner en peligro la mayoría independentista de la Mesa.

Una vez constituida la Mesa, las especulaciones se extienden a la investidura del president y la formación del Goverm. Y aquí, los escenarios se multiplican hasta el extremo, a partir de variables como la que impondría la imposibilidad del retorno de Puigdemont o la no salida de Junqueras de la prisión. Pero este no es todavía el debate esencial a día de hoy. "Ahora la prioridad es la Mesa", asegura una fuente de la negociación.