El abogado Gonzalo Boye se ha sublevado contra el escrito del fiscal José Miguel de la Rosa Cortina, en el que argumenta la proyección pública que ha tenido el letrado a raíz de algunos de sus casos y, en particular, con la defensa del president en el exilio, Carles Puigdemont, para poner en duda el derecho al honor y a la imagen ante las descalificaciones publicadas contra él en un medio digital. La defensa del abogado ha hecho llegar un escrito al Supremo en el que advierte que el fiscal ha incumplido sus deberes de imparcialidad y legalidad, lo cual comporta una falta muy grave, ante la cual tendría que intervenir la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, e incluso la ministra de Justicia, Pilar Llop.

El fiscal presentó el pasado 21 de diciembre un escrito en el que apoyaba el recurso del director de Periodista Digital, Alfonso Rojo, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que sentenció que se había vulnerado el derecho al honor de Boye y se habían sobrepasado los límites de la libertad de expresión tildando repetidamente al abogado de "gentuza", "etarra", "elemento criminal", "abogado de cocomocho", "impresentable peligroso" o "sucio carcelero", entre otros calificativos.

En su escrito, De la Rosa contextualiza las palabras de Rojo en una situación política y de tensión que, según el fiscal, permite que la libertad de expresión pase por delante del derecho al honor. El fiscal argumenta que aunque las expresiones utilizadas contra el letrado pueden ser hirientes y molestas, "el Sr. Boye no es un simple abogado". "Muchas de las causas en que interviene se caracterizan por ser extremadamente polémicas y generar debates de alta tensión política, como, por ejemplo, el procedimiento contra el Sr. Puigdemont", añade.

Posición política del fiscal

En el escrito que hoy ha hecho llegar al Supremo, la defensa de Boye recuerda que el fiscal De la Rosa fue el responsable de nombrar "Más dura será la caída" el documento en el que en octubre de 2017 la Fiscalía comunicó las acusaciones de rebelión y sedición contra los líderes del procés. La defensa advierte que aquel título "refleja a las claras la posición política" del fiscal, que queda exteriorizada en su escrito y que "sólo el traslado del posicionamiento ideológico en su trabajo" como fiscal explica los razonamientos de su escrito del 21 de diciembre.

"El derecho, como bien sabe el fiscal De la Rosa Cortina, no ampara los insultos", advierte el texto en el que se reprocha que "contextualizar" en la forma como lo hace en el fiscal "no es más que una extrapolación de sus propios sentimientos" hacia Boye, con lo cual refleja de nuevo "una postura ideológica que lo aparta de su obligada sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad".

 

Enemigo digno de deshumanizar

La defensa de Boye advierte que el deber de defensa de la legalidad impide informes como el de De la Rosa, que "es perfectamente conocedor" que la ley y la jurisprudencia no le permiten "contextualizar", como pretende, el insulto, ni tampoco "faltar a la verdad" como hace en diferentes párrafos de su escrito.

El documento añade además que la obligación de imparcialidad del fiscal no le permite, "movido por un ánimo ajeno a su obligación", dar pábulo, hacer propios y defender insultos en contra de nadie, "por mucho que la postura política del Sr. De la Rosa Cortina lo lleve a considerar el Sr. Boye como un enemigo digno de ser deshumanizado y privado de cualquier derecho, que es lo que, en definitiva, pretende con su escrito de 21 de diciembre de 2021".

Reprocha que lo importante para el fiscal es que siendo Boye abogado de Puigdemont "deja de ser sujeto de cualquier tipo de derecho", en lo que describe como "una especie de venganza en contra del letrado, privándolo, como pretende, de cualquier tipo de derecho en función de a quién defiende".

El texto admite que no se puede recusar a un fiscal, pero denuncia que él sí se tendría que haber abstenido en este caso, por lo cual ha incurrido en una falta muy grave, de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, por lo cual pide que se haga llegar el escrito de De la Rosa a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ya que la sanción entra dentro de su competencia, e incluso de la competencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop.

Así mismo, el abogado pide copia testimonial del texto del fiscal De la Rosa del 21 de diciembre, del cual no tuvieron noticia hasta el pasado viernes, 14 de enero.