El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, se muestra convencido de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acabará avalando la ley de amnistía, en línea con el criterio expresado por el abogado general. Con todo, advierte de que el papel de los tribunales españoles sigue siendo una incógnita. "Siempre pueden sorprender", ha asegurado en declaraciones a Catalunya Ràdio, donde ha criticado que "los tribunales estatales ya son otra cosa" e incluso "reescriben la ley". En la misma línea, ha afirmado que el Tribunal Constitucional "hace lo que quiere".
Boye también ha denunciado una supuesta "estrategia concertada" para retrasar la resolución del caso, que atribuye al presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en coordinación con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Según el letrado, el objetivo sería dilatar al máximo los plazos. Con todo, evitó concretar cuándo podría volver Puigdemont a Catalunya, limitándose a no fijar ningún escenario temporal. "Yo creo que la sentencia nos dará la razón", ha insistido Boye, que considera que, si Luxemburgo valida la ley, "no debería quedar ninguna excusa" para que los tribunales españoles la apliquen también en los casos de malversación. "Me cuesta imaginar qué se pueden inventar", ha añadido, aunque ha reiterado que no se puede descartar ningún movimiento inesperado.
El TJUE podría acotar más la interpretación de la amnistía
Según el abogado, el TJUE podría ir más allá del criterio del abogado general y "acotar aún más" la interpretación para evitar nuevas cuestiones prejudiciales. En este sentido, prevé que la sentencia deje claro que la amnistía debe aplicarse a todos los delitos vinculados al procés, incluida la malversación. El TJUE dictará sentencia el próximo 16 de julio, poniendo fin a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas, en relación con los gastos del referéndum, y por la Audiencia Nacional, en el marco de la operación Judas contra los CDR. Ambas instancias elevaron las dudas a Luxemburgo tras la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, hace más de dos años.
La resolución llega después de que la Gran Sala del TJUE, formada por quince jueces, examinara el caso, con unas vistas celebradas el 15 de julio de 2025. Un año después, el tribunal europeo hará pública una decisión clave para decenas de líderes y activistas independentistas que esperan beneficiarse de la amnistía, entre ellos Puigdemont y Oriol Junqueras, aunque su situación también dependerá del criterio del Tribunal Constitucional. Las conclusiones del abogado general del TJUE, Dean Spielmann, hechas públicas en noviembre de 2025, ya apuntaban en esta dirección. Spielmann avaló la ley al considerar que la amnistía es una “competencia exclusiva” de los estados miembros y que la norma del procés no vulnera el derecho de la Unión. Además, descartó que se hubieran afectado fondos europeos con el 1-O, rechazando así el delito de malversación que el Tribunal Supremo ha utilizado para negar la aplicación de la amnistía a Puigdemont y a su gobierno.
El abogado general también subrayó que la normativa europea no prohíbe mecanismos de extinción de la responsabilidad penal como la amnistía y rechazó que se trate de una “autoamnistía”, en respuesta a los argumentos de la Comisión Europea. Boye ha explicado que ya ha comunicado a Puigdemont la fecha de la sentencia, y que este lo ha tomado con serenidad, ironizando que “casi la dictan marchando de vacaciones”. Teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional tiene previsto el último pleno antes del verano el 20 de julio, todo apunta a que cualquier decisión se podría aplazar hasta después del periodo estival. En paralelo, el Tribunal Supremo podría mover ficha en cualquier momento una vez se conozca el pronunciamiento del TJUE.