El abogado Gonzalo Boye, responsable de la defensa de Josep Lluís Alay, ha presentado un recurso de apelación en la Audiencia Nacional contra la resolución del juez Manuel García-Castellón en que ordenaba nuevos requerimientos, incluso a la OTAN, para aclarar las incidencias provocadas por las protestas de Tsunami Democràtic contra la sentencia del procés, en octubre del 2019, en el aeropuerto del Prat. En el recurso de apelación el letrado reprocha al juez que demuestra con su escrito un claro desconocimiento sobre el funcionamiento de la OTAN y le advierte que quizás conseguiría mejor resultado con un "tablero de güija".

"En este punto, sinceramente, creemos que se ha trabajado sobre una base bastante próxima, como fuente de conocimiento, a lo que podría ser la Wikipedia o similar y, especialmente, a la hora determinar a quién dirigir el oficio", reprocha el escrito, donde se detalla que el Comandante supremo aliado en Europa (SACEUR) a quien el juez dirige su requerimiento de información es responsable del mando global de las operaciones militares de la OTAN y es quien ejecuta todas las medidas militares en caso de una agresión contra un miembro de la Alianza.

Después de describir todas las competencias militares del SACEUR que lamentan que el juez parece desconocer -"porque en Wikipedia no se explica", el escrito reprocha que a pesar de los "ingentes esfuerzos" no consiguen establecer qué conexión existe entre este mando militar y una manifestación ciudadana. "A no ser que nos está ya indicando que las manifestaciones convocadas por Tsunami Democràtic formaban parte de un ataque militar de fuerza ajenas a la OTAN y que, por lo tanto, el SACEUR participó en la prevención del citado ataque", añade.

En opinión de la defensa de Alay, la diligencia del juez es no solo inútil, innecesaria e impertinente, sino abiertamente dilatoria, basada en "una errónea interpretación" sobre las funciones que tiene cada uno de los organismos a los cuales se dirige. Asegura que esta diligencia tiene tan poco sentido como lo tendría revivir el pacto de Varsovia y solicitarles información por las afectaciones que las manifestaciones convocadas por Tsunami podrían haber tenido en los países del Este de Europa.

El abogado lamenta la imagen que se proyectará del tribunal cuando en medio de conflictos bélicos como los que afectan a Ucrania, Siria o Palestina, el SACEUR reciba una petición de estas características "que igual conseguiría un resultado más de acuerdo a la realidad si lo buscaran en un tablero de güija que en el seno del mando militar de la OTAN".

Causa general contra el independentismo

En el recurso, Boye insiste en denunciar que el juez vulnera el derecho al juez ordinario predeterminado por ley y la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso sin dilaciones, cuando esta causa se remonta a unas diligencias previas de 2018. "¿Qué se ha estado haciendo estos últimos 4 años? ¿Cuánto dinero ha costado a los contribuyentes hasta la fecha esta investigación? ¿Qué hechos nuevos se han descubierto recientemente para generar la actual dinámica procesal que estamos viviendo?", se pregunta la defensa de Alay, que recuerda que este procedimiento ha pasado cuatro años sin practicar diligencia alguna.

El abogado recuerda que la interlocutoria del juez por la cual se comunicó que investigaba a los implicados en el caso Tsunami por terrorismo, y que incluía entre otros al president en el exilio, Carles Puigdemont, se conoció en pleno proceso de negociación entre Junts y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez; que pocos días después el grupo socialista tramitó en el Congreso la proposición de ley de amnistía, y que, a continuación, el juez dictó una resolución inhibiéndose a favor del Tribunal Supremo y posteriormente dictó la diligencia ahora recurrida.

"Evidentemente, estamos ante una actuación procesal absolutamente errática, que no dispone de cualquier base indiciaria y que podría reunir las características de causa general contra líderes independentistas catalanes, dado su carácter prospectivo", concluye.