Nueva réplica de Gonzálo Boye, abogado de Josep Alay y del president Carles Puigdemont, al juez del caso Tsunami, Manuel García-Castellón, después de que el magistrado ha rechazado el recurso en contra de prorrogar esta instrucción durante seis meses más. Boye insiste en un recurso de reforma que esta investigación expiró el 29 de julio del 2021 y que el auto firmado el 2 de agosto de aquel año con que se prorrogaba la instrucción se hizo ya fuera de plazo, por lo cual todas las actuaciones posteriores son nulas de pleno derecho. "Antes del vencimiento del plazo se tendría que haber acordado la prórroga, no se hizo y se tiene que estar a las consecuencias de esto", advierte.
García-Castellón reactivó el 6 de noviembre pasado el caso Tsunami, en el que se investigan las protestas del 2019 contra la sentencia del procés, y decidió investigar a Carles Puigdemont y a la secretaría general de ERC, Marta Rovira, junto con diez personas más, por el delito de terrorismo. El juez adoptó esta decisión en plenas negociaciones entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez con la ley de amnistía como trasfondo. La semana pasada la Audiencia consultó a las partes sobre la conveniencia de dictar una nueva prórroga de la instrucción de este caso y la defensa de Alay argumentó que ya estaba fuera de plazo desde el 31 de julio del 2021. El juez rechazó este lunes los argumentos de Boye y acordó la prórroga de seis meses de la investigación asegurando que no podía cerrar la investigación porque está pendiente de que la sala de lo penal de la Audiencia resuelva los recursos de la Fiscalía.
Nulidad
No obstante, Boye argumenta en un nuevo recurso que la instrucción caducó el 29 de julio del 2021, ya que el auto de prórroga de aquella instrucción a pesar de estar fechada el 30 de julio no se firmó hasta el 2 de agosto del 2021 y se hizo, por lo tanto, fuera de plazo y con la pena de nulidad de todo el que se haya actuado con posterioridad. "Es evidente que anterioridad no es posterioridad, bastant con una remisión al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para saber que no es lo mismo", argumenta el letrado en referencia a los plazos que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
No solo eso. El abogado hace referencia implícita al impacto que la instrucción del juez está teniendo en los medios de comunicación a raíz de la coincidencia con la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso. "Una vez más vemos cómo se introducen datos, relatos y supuestos hechos que no solo no se corresponden con la realidad, sino que, además, no tendrían que ser incluidos en un auto de prórroga de la instrucción pero que sirven para alimentar un relato mediático que impida ver la realidad de las irregularidades, constitutivas de nulidad, que sufre este procedimiento," denuncia Boye.
El abogado insiste en que el juez está vulnerando derechos fundamentales como son el derecho a un proceso con las debidas garantías y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, y advierte que "si estos no son derechos fundamentales entonces sí estamos ante el fin del estado democrático y de derecho".