La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que avala la aplicación de la amnistía ha representado un importante triunfo para el responsable de la defensa del president Carles Puigdemont, el abogado Gonzalo Boye (Viña del Mar —Chile—, 1965), que los últimos años ha protagonizado un pulso legal con el Supremo. El TJUE concluyó este jueves que esta ley es conforme con el derecho de la Unión y que no se han afectado fondos de la UE con el referéndum del 1-O, lo cual desmiente el argumento del Supremo para no aplicar la amnistía al president y los miembros del Govern. Además, el Tribunal de Luxemburgo dejó claro que "no se opone a una ley nacional de amnistía para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación". Boye asegura que esta sentencia marca un punto de inflexión; niega que el Supremo tenga aún margen para dilatar el procedimiento con nuevas cuestiones prejudiciales; y advierte sobre el trasfondo político del pronunciamiento que deberá hacer el Tribunal Constitucional y el Supremo en relación a los recursos de amparo presentados por los líderes del procés.
Cuando se supo la decisión del TJUE, dijo que esta sentencia era un aval a todo el trabajo que había hecho para defender la amnistía. Parece como si se sacara una espina de todas las críticas que había recibido estos años…
Yo creo que sí. Aparte de las críticas y los ataques que he recibido todos estos años por defender al president, a los exiliados y a una serie más de líderes políticos, con respecto a la ley de amnistía, me atacaron de todos los lados. Había un interés muy particular de un grupo de gente que no quería la ley y otro que necesitaba la ley y le daba lo mismo qué ley fuese. Y después estaba Junts, que quería una buena ley, una ley que incluyese a todos. Entonces, cuando nos plantamos [ante el primer texto tramitado] y nos pusimos firmes en que esa no era la ley de amnistía que se necesitaba, vinieron ataques por todos lados y ataques muy furibundos y muy fuera de lugar.
Estoy convencido de que en un breve, el Tribunal de Cuentas y la Audiencia elaborarán su resolución de fin del procedimiento
Una vez hecha pública la resolución del TJUE, la Audiencia y el Tribunal de Cuentas deberían aplicarla ya?
De forma inmediata. Cuando decimos inmediata, después de dos años, claro que puede tardar unas semanas, unos días, pero esto no va a tardar mucho más. El Tribunal de Cuentas no se puede girar; la Audiencia Nacional no lo va a hacer. Estoy convencido de que en un breve espacio de tiempo, una vez que hayan leído la sentencia, elaborarán su resolución de poner fin al procedimiento; y ya está.
El TJUE dice que los estados son libres para determinar las condiciones de la amnistía y que ante esta ley los órganos jurisdiccionales han de dictar una resolución de extinción de responsabilidad. Pero al mismo tiempo también dice que antes de aplicar la ley se ha de determinar si las conductas en cuestión están comprendidas dentro del ámbito de aplicación de amnistía...
…y añade, sin entrar a valorar las alegaciones y las pruebas de descarga o de carga.
[Si el Supremo persiste] habría que preguntarse cuál es la intención detrás de mantener vivo un procedimiento que está muerto.
Por tanto, considera que el Supremo no tendrá margen para actuar en otro sentido que el aval de la ley que marca el TJUE?
Lo que está diciendo el TJUE es que, si la acción concreta entra dentro del ámbito objetivo, tiene que aplicar la amnistía y ya está; y no tiene que discutir ni con acusaciones ni con defensas o sobre esto o lo otro. Lo que está haciendo el Tribunal Supremo, lo que ha hecho hasta ahora, es construir un concepto, a mi juicio bastante peligroso, de malversación, en el cual dice que hay un beneficio patrimonial. Pero eso significa que tendrían que acreditar que había intención. Para hacer la acreditación de que había intención, tendrían que practicar pruebas, y el TJUE les ha dicho que no pueden.
Por tanto, este pronunciamiento también corta la vía utilizada por el Supremo para no aplicar la amnistía, en el sentido de que el procés habría representado beneficio patrimonial para los líderes independentistas?
Yo estoy convencido de ello, y creo que lo otro sería ir ya por una pendiente totalmente distinta, y habría que preguntarse cuál es la intención detrás de mantener vivo un procedimiento que está muerto.
Por dignidad profesional y responsabilidad institucional, el TC debería reunirse la próxima semana y resolver ya
El Tribunal Constitucional, que ha de resolver los recursos de amparo de los líderes del procés a los que no se ha aplicado la amnistía, ha dejado claro que antes de otoño no tiene previsto pronunciarse. ¿Cree que la contundencia de la sentencia del TJUE debería obligar al Constitucional a mover pieza antes?
Yo creo que, por dignidad profesional y, sobre todo, responsabilidad institucional, el Constitucional debería reunirse la próxima semana y resolver ya. Como lo hizo con el 1 de Octubre, que se reunieron sábados y domingos. Es decir, si para construir un escenario determinado se pudo hacer en sábado y domingo, para deconstruir ese escenario, creo que cabe hacerlo los mismos días de la semana. Ahora, me cuesta imaginar que esta sentencia no esté ya acabada después de todo este tiempo. Eso es un proceso que un jurista puede resolver en 24 o 48 horas. De hecho, yo ya me he mirado el tema y tengo claro por dónde puede venir uno, por dónde puede venir otro y por dónde tendría que ir yo.
¿Y por dónde cree que irá el Constitucional? ¿Cree que la sentencia del TJUE es tan contundente como para marcar claramente cuál ha de ser la sentencia?
El TC, entre otras cosas, tiene la función constitucional, constitucional, de amparar a quienes acudan con justa causa ante él, por situaciones como la que estamos hablando en estos momentos. Es decir, aquí caben dos cosas: el Constitucional o hace el trabajo bien y lo hace hasta el final, es decir, zanja ya este tema; o deja abierto el debate y entonces, ¿para qué está el Tribunal Constitucional? No hay un punto intermedio en materia de derechos fundamentales. Es decir, o protejo el derecho fundamental o lo vulnero, pero no lo puedo medio proteger.
Las decisiones del TJUE son tan claras que incluso alguien como Rufián las entendió
Y la decisión del TJUE, más la que apunta que debería salir del Constitucional, dejaría ya definitivamente al Supremo sin margen?
La decisión del TJUE, las dos decisiones del jueves, son tan claras que incluso alguien como [el portavoz de ERC en el Congreso] Rufián las entendió. Es decir, a partir de aquí me cuesta pensar que el Constitucional no lo tiene todo para resolver.
Pero al Supremo aún le queda una última carta, que es la posibilidad de presentar una cuestión prejudicial...
Eso es falso.
Una cuestión prejudicial del Supremo al TJUE sería una tomadura de pelo al TJUE y la respuesta estaría a la altura.
Ellos han dejado abierta esta puerta...
No, no. ¿Y sabe por qué no? Nosotros le planteamos al [juez instructor] señor Llarena una serie de cuestiones prejudiciales respecto a la ley de amnistía. Dijo que el derecho de la Unión no presentaba duda alguna con respecto a la ley de amnistía y que era contraria al derecho de la Unión. Las llevamos en apelación a la sala, y la sala presidida por el juez Marchena también descartó las cuestiones prejudiciales y fue más allá, dejando absolutamente claro que esto contravenía el derecho de la Unión. Las sentencias del TJUE sobre las prejudiciales del Tribunal de Cuentas y de la Audiencia Nacional dicen otra cosa totalmente distinta. Claro que había cuestiones de dudas en materia de derecho de la Unión y por eso las han contestado. Y ahora las han aclarado y han generado un acto claro. Lo que no cabe dos años después es decir: "Bueno, ahora me surgen dudas". ¿Le surgen dudas con respecto a qué? Con la ley de amnistía está todo aclarado. ¿O le surgen dudas con respecto a una sentencia del TJUE? Porque el TJUE no tiene por qué aclarar sus sentencias. O sea, sería una tomadura de pelo al TJUE y la respuesta del TJUE estaría a la altura.
Por tanto, ¿descarta esta posibilidad? Se ha señalado como una manera de alargar el proceso judicial...
Sería una manera de alargarlo, pero sería la más dañina para los propios jueces pretender ahora volver allí. Porque la sentencia lo que viene a decir es: "Esto ya está aclarado, aquí queda aclarado". Y de hecho ha pasado muy desapercibido que varias de las cuestiones prejudiciales el TJUE las inadmite sobre una base que no tiene nada que ver con el derecho de la Unión. Y llevamos años escuchando que todo esto afectaba al derecho de la Unión.
Ha habido muchas previsiones incumplidas sobre el retorno del president Puigdemont. ¿Ahora cree que se puede plantear un horizonte de cuándo podría volver?
En estos momentos, la pelota la tiene el Tribunal Constitucional, que lo que tiene que hacer es dictar de una vez por todas una resolución lo suficientemente clara y contundente para que se aplique la amnistía a todos, y eso incluye al president Puigdemont y, a partir de ahí, que el president regrese el día que considere.
Puente debería preguntarse si Puigdemont coge un AVE o un Rodalies, cuántos años va a tardar en regresar. Este señor está bien en Twitter y mal en un ministerio
El ministro Óscar Puente ha dicho que, si fuera Puigdemont, volvería ya, aunque fuera detenido...
El ministro Óscar Puente lo que debería hacer es preguntarse qué pasa si el president Puigdemont coge un AVE o un Rodalies para regresar, cuántos años va a tardar en regresar entonces. Yo creo que pastelero a tus pasteles, este señor está bien en Twitter y está muy mal en un ministerio. Entrar a debatir con él es rebajar un debate jurídico muy bonito.
Hay mucha gente que considera que esta sentencia puede facilitar la recuperación de las relaciones entre Junts y Pedro Sánchez y que puede facilitar el último tramo de legislatura...
Yo no me meto en política y no tengo idea de eso, pero, si he entendido bien lo que ha dicho Junts, lo que ha habido es una pérdida de confianza. La confianza no se restituye por un acto de un tercero, ¿no?
El regreso del president es una medida obligada de sanidad democrática
Pero si este pulso judicial se cerrara con el retorno del president, no sería una manera de facilitar las relaciones con el Gobierno?
El regreso del president es una medida obligada de sanidad democrática para que él pueda ocupar en la política el rol que le corresponde y el rol que los ciudadanos le han encomendado. Y a partir de ahí, él tendrá que ver con quién negocia, qué negocia y cómo lo negocia. En estos momentos hay una actividad política tanto en Catalunya como en el Estado que está en gran medida secuestrada respecto a unos estándares democráticos europeos. ¿Por qué? Porque hay un actor principal que está privado de la participación política directa, como es el president Puigdemont.
¿Y ve al president Puigdemont volviendo y retomando la actividad política de primera línea?
Yo veo al president en la posición en la que él quiera ponerse. De hecho, él cuenta con un respaldo importante.
Usted aseguraba el lunes en un artículo en este diario que el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha administrado el calendario del Tribunal, con la mirada puesta en la Moncloa y en el Palau de la Generalitat, y le acusaba de haber dilatado la respuesta ante los recursos de amparo usando como pretexto al TJUE...
Y me baso para ello en varias cosas. Una, en primer lugar, hay una ley orgánica del Tribunal Constitucional que establece el procedimiento de amparo. Cuando los plazos que fija este procedimiento se han agotado con creces, con creces, ya solo me cabe una explicación extrajurídica. Tiene que existir una razón y solo la encuentro leyendo la prensa y viendo que el señor Conde Pumpido se reunía habitualmente con el señor José Luis Rodríguez Zapatero en un hotel de Madrid. En un momento dado decidieron instalar el relato de que el Constitucional estaba esperando al TJUE. Y yo me hago una pregunta: ¿a qué esperaba? Porque si realmente tenía dudas de derecho europeo, es el propio Constitucional el que tenía que haber planteado la cuestión prejudicial. Nunca se ha planteado el Constitucional esta posibilidad, por lo tanto, no tiene dudas.
El retorno del president es un problema para quien esté en el poder y afecta a Illa y Sánchez o afectará a Feijóo
De hecho, en este artículo usted habla claramente de que existe un trasfondo político en las decisiones de Cándido Conde-Pumpido, y que intentaba que el retorno de Puigdemont no le plantee un problema a Pedro Sánchez ni debilite a Salvador Illa...
A ver, el retorno del president es un problema para quien esté en el poder, porque es la imagen viva de una actividad política a la que han perseguido. Y eso le afecta al president Illa, le afecta al presidente Sánchez o le afectará el día de mañana a Feijóo o a quien el Partido Popular designe como candidato a la Moncloa. Por lo tanto, es una cuestión de saber quién se va a comer el marrón, dicho bien y pronto, del regreso del president Puigdemont, si lo va a hacer Pedro Sánchez o lo va a hacer Feijóo. Esa es una decisión que en realidad tiene consecuencias políticas, pero en estos momentos está en las manos de unos jueces y yo entiendo que el señor Conde-Pumpido, pues su interés sea que llegue lo más tarde posible, por cuestión incluso de afinidad. Es decir, el señor Conde-Pumpido fue fiscal general del Estado en la época de Zapatero. Es lo que hay, ¿no?
Las decisiones del Tribunal Constitucional en relación a este tema formaban parte de las conversaciones de Ginebra.
Yo no he estado en esas conversaciones.
El jurista Javier Pérez Royo aseguraba el pasado fin de setmana en una entrevista en El Nacional que Sánchez no podía hacer más con el tema de la amnistía y que Junts no ha jugado limpio y ha es responsable de los problemas que ha habido...
Bueno, yo a Javier lo respeto como jurista, pero está dando opiniones políticas y creo que a veces poco meditadas y poco informadas.
Lo que pasa con el PSOE no es lawfare. Decirlo es banalizar, incluso diría prostituir del término, porque lo que estamos viendo es una corrupción rampante
La denuncia sobre el lawfare se puso sobre la mesa a raiz del procés, pero ahora está a la orden del día en la política española. ¿Obedece a una judicialización de la política los diferentes casos que asedian al PSOE en los tribunales?
Vamos a ver, lo que ha pasado estos años con el independentismo catalán, en mi opinión, era y es lawfare. Lo que está pasando con el Partido Socialista no es lawfare, es una banalización, incluso yo diría una prostitución del término, porque lo que estamos viendo es una corrupción rampante por todos lados. Es decir, esto es corrupción. A ninguno de nosotros nos han encontrado un collar de un millón y pico de euros en nuestras cajas fuertes. Es más, yo creo que la mayor parte de nosotros ni siquiera tiene una caja fuerte. Lo que quiero decir es que estamos viendo uno tras otro casos de corrupción que es muy fácil tratar de encubrir políticamente bajo el término lawfare. Pero hacerle lawfare a quien está en el poder es complicado, ¿eh? Porque la Fiscalía ya sabemos de quién depende, ¿no?
Sin embargo, se señala el inicio de toda esta ofensiva judicial precisamente en el momento en que el PSOE admite que ha habido lawfare contra los independentistas...
A ver, hay causas que han empezado antes, pero le voy a poner un ejemplo. Acaban de condenar al hermano de Pedro Sánchez. Esa causa se inició por una denuncia de Podemos. Entonces, claro, empezamos a ver que las cosas no son como nos las cuentan. Ha sido Podemos quien tiró esa piedra y esa piedra generó unas olas. Eso ha pasado por múltiples jueces y después una sala entera de la Audiencia Provincial ha dictado una sentencia muy prolija condenándole por prevaricación. Yo puedo entender que haya discrepancias con los criterios del juez Peinado, porque creo que no es un jurista muy fino, más bien es un jurista bastante torpe en la forma en que actúa y las cosas que hace. Pero, en lo esencial, la Audiencia Provincial de Madrid ayer dije dos cosas: una, las medidas cautelares hay que retirarlas. ¿Qué riesgo de fuga tiene la señora Begoña Gómez? Ninguno, es evidente, esa medida era desproporcionada. Ahora, ellos dicen: "Cuidado, que aquí hay unos delitos y además son competencia del tribunal del jurado". Y la mandan a juicio con jurado. Eso no es lawfare, eso es la persecución de la corrupción. Lo otro sería la banalización del término y, sobre todo, la generación de espacio de impunidad respecto a la corrupción.
En otro orden de cosas, la Audiencia Provincial ha dejado a un paso de juicio a los mossos que acompañaron a Puigdemont en agosto del 2024, cuando volvió a Barcelona. ¿Qué opina? ¿Qué previsión tienen en relación a este caso?
Yo soy uno de los abogados de estos mossos y creo que la Audiencia Provincial se ha equivocado y se ha equivocado porque la juez, con la cercanía que permite la investigación que hizo, que fue profusa y exhaustiva, dictó un auto de sobreseimiento tremendamente bien ajustado al derecho; y discrepo de esta resolución, pero contra la misma no cabe recurso, por lo tanto, iremos a juicio.