El eurodiputado francés José Bové ha manifestado en una rueda de prensa en el Parlamento europeo, que "España es el único país de la UE que tiene presos políticos", en referencia a los consellers catalanes encarcelados y ahora juzgados en el Tribunal Supremo español.

Según Bové, es evidente que los presos políticos catalanes lo son "por sus convicciones" y cree contrastado que de aquí no puede salir "ninguna solución al conflicto". Ha pedido que los presos políticos sean puestos en libertad.

También ha advertido que el Parlamento europeo no será legítimo si no permite que el president Carles Puigdemont y el vicepresident Oriol Junqueras ocupen los escaños, si resultan elegidos en los comicions europeos.

Bové ha participado en una rueda de prensa de los diputados europeos que asistieron en Madrid al juicio al procés, y que han presentado sus primeras observaciones en un informe.

Los eurodiputados han acusado al Tribunal Supremo español de "falta de imparcialidad", y se han quejado de que el juez Manuel Marchena interrumpe "repetidamente" a los abogados defensores cuando preguntan sobre "nuevas cuestiones" a testigos "propuestos por la otra parte". "La ley no permite esta limitación", afirman. Por otra parte, con este informe también denuncian que los acusados tengan que rendir cuentas por sus actos políticos, plenamente legales en una democracia. En este sentido, aseguran que existe "una judicialización de opiniones políticas", como se pone de manifiesto en las sesiones, y que eso es "contrario" al derecho internacional.

El informe también critica el encarcelamiento de los doce acusados y "los horarios difíciles" que tienen que seguir para estar presentes en el juicio, lo que es de cumplimiento obligatorio. "Hace todavía más difícil un juicio que ya tiene una gran presión por las excesivas penas que se piden", afirma el texto, que reitera la petición de su liberación.


Por otra parte, el grupo expresa preocupación por los bajos "estándares" que tiene en su opinión la independencia judicial y la "imparcialidad" en España, que podrían comportar "influencia política sobre la judicatura y el aumento de la percepción pública de interferencia en el proceso judicial y parcialidad de jueces individuales".

Durante la rueda de prensa para presentar el informe, los eurodiputados Mark Demesmaeker (N-VA) y el mismo Bové (Verds/ALE) han tildado el juicio de "farsa". "Este juicio nunca tendría que haber tenido lugar, ya que es sin duda un juicio de dimensión política. Este proceso judicial que criminaliza las opiniones políticas choca con la ley internacional que protege los Derechos Fundamentales", ha indicado Demesmaeker.

El eurodiputado de ERC Josep-Maria Terricabras ha indicado que enviarán el informe a las autoridades de la Unión Europea para "volver a intentar que reaccionen". La eurodiputada gallega María Lidia Senra (ANOVA) ha afirmado que le parece "vergonzoso" que "las instituciones de la UE estén volviendo la espalda a eso" porque, según ella, el caso del procés catalán afecta a los valores europeos y los derechos fundamentales.

La visita en Madrid a finales de febrero fue organizada por la Plataforma Diàleg UE-Catalunya. En esta misión de observación no oficial participaron los eurodiputados José Bové (Verds/ALE), Mark Demesmaeker (N-VA), María Lidia Senra (ANOVA), Jordi Solé (ERC), Indrek Tarand (Verds/ALE), Josep-Maria Terricabras (ERC), Ramon Tremosa (JuntsxCat), y Marie-Pierre Vieu (GUE/NGL), además de otros diputados de parlamentos europeos.