El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un indulto parcial a Laura Borràs, expresidenta del Parlament y de Junts per Catalunya. El Gobierno de Pedro Sánchez decide de esta manera conmutarle la pena de prisión de cuatro años y medio por una de dos años; de manera que no tenga que ser privada de libertad. Ahora bien, sí que le mantiene la multa —que se está pagando— y la inhabilitación de trece años. El indulto se le ha concedido en los mismos términos que proponía el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). En su sentencia de 2023 admitía que, al aplicarle la ley al pie de la letra, la pena podía ser "desproporcionada y excesiva". Destacaba que había que tener en cuenta que los contratos fraccionados se habían ejecutado y que no había perjuicio económico para la Institució de les Lletres Catalanes ni tampoco ánimo de lucro personal. Justo este martes hace cuatro años de su suspensión como máxima institución de la cámara catalana.
Borràs fue condenada por los delitos de prevaricación y falsedad documental al conceder una adjudicación, fraccionada en 18 contratos, a un amigo cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes, del 2013 al 2018. Se trataba del encargo de una página web por valor de 335.000 euros, y los trabajos se fraccionaron en varios contratos menores precisamente para evitar el concurso público obligatorio a partir de un determinado importe. Isaías Herrero, que ejecutó el encargo, pactó con la Fiscalía dos años de prisión si reconocía los hechos.
La Sala del TSJC requirió al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que informara sobre el estado del expediente a finales de junio. El socialista respondió que el expediente estaba solo pendiente de resolución en el Consejo de Ministros.
Borràs: "El fuego amigo es a menudo el que deja las heridas más profundas"
Esta tarde, después de la reunión del Consejo de Ministros previo a las vacaciones de verano, Borràs ha publicado un tuit en su cuenta de Twitter (X) en el que recordaba que hace justo cuatro años de su suspensión como presidenta del Parlament, a raíz de "la aplicación arbitraria y partidista del artículo 25.4". "Aquel episodio evidenció hasta qué punto el lawfare podía acabar condicionando también nuestras propias decisiones; continúo convencida de que dividirnos y desgastarnos entre nosotros es un camino estéril; el lawfare ha sido una de las principales herramientas de la represión política del Estado; no podemos permitir que acabe debilitándonos desde dentro; el fuego amigo es a menudo el que deja las heridas más profundas; por eso hay que continuar trabajando siempre al servicio del objetivo colectivo y del movimiento independentista", deja por escrito.
El artista Natalio Grueso y el exalcalde de Linares, también indultados
El Consejo de Ministros también ha concedido un indulto parcial al artista y gestor cultural Natalio Grueso, que fue condenado a ocho años de prisión, ocho años de inhabilitación y al pago de una multa. La medida afecta únicamente a la parte de la pena de prisión que todavía le quedaba por cumplir, mientras que el resto de la condena se mantiene intacta. La petición de indulto, impulsada por numerosas figuras del mundo artístico y audiovisual, se ha resuelto por razones humanitarias vinculadas al estado de salud del condenado.
Asimismo, el ejecutivo ha decidido indultar parcialmente al exalcalde de Linares (Jaén) Juan Fernández Gutiérrez. En este caso, la pena de tres años de prisión queda reducida a dos, aunque se mantiene la inhabilitación de siete años impuesta en la sentencia. Esta solicitud había recibido el apoyo del mismo tribunal que dictó la condena, así como el aval de los grupos municipales del PP y del PSOE de Linares, del Ayuntamiento y de una plataforma vecinal que reunió un número considerable de firmas en el municipio.
Finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado dos indultos parciales adicionales para dos particulares —sin proyección pública— condenados por delitos contra la salud pública. En ambos casos, las penas de tres años y de cuatro años y medio de prisión se reducen a dos años. Ambos expedientes contaban con el apoyo tanto de los tribunales sentenciadores como de la Fiscalía.