La consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs, ha reivindicado este miércoles, en comisión parlamentaria, que los presupuestos del 2017 destinan "más recursos que nunca" a políticas sociales de vivienda. También ha puesto de manifiesto el esfuerzo legislativo del ejecutivo catalán en esta materia a pesar de la actitud del gobierno español, que "pone palos en las ruedas", según ha denunciado.

Borràs también ha resaltado el compromiso del Govern con la convocatoria de cerca de 7.000 nuevas plazas de oferta pública. Los grupos de la oposición han cargado contra unas cuentas "continuistas" y que no revierten los recortes, sobre todo en la función pública.

El presupuesto previsto por el departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda es de 429 MEUR, lo que supone un aumento del 8,9% respecto del 2015, cuantificado en 394 MEUR. Borràs ha admitido que este no es el presupuesto "maximalista" que el Govern habría querido pero sí que es, ha dicho, "lo mejor posible en momentos de asfixia financiera y controlada" por parte del Estado.

En concreto, el gasto social en materia de vivienda y mejora urbana se incrementa en 29 MEUR, que se orientarán al apoyo a familias vulnerables en situación de exclusión residencial o riesgo de sufrir. "Nunca se habían destinado tantos recursos y nunca se había legislado tanto en materia de vivienda," ha insistido Borràs, que al mismo tiempo ha lamentado que el Estado acuda a los tribunales para "poner palos en las ruedas" en la acción legislativa del Parlament.

A propósito de eso, la titular de Vivienda ha reclamado al PPC que convenza al ejecutivo español de retirar los recursos en el Tribunal Constitucional contra la ley 24/2015 de emergencia habitacional.

Uno de los objetivos prioritarios de la conselleria en este ámbito será, precisamente, el despliegue de la nueva ley de medidas por|para el derecho a la vivienda que esquiva la suspensión del TC, así como asentar las bases de una futura normativa catalana para regular el alquiler, ha explicado.

Función pública

El Govern trabajará para ampliar la firma de convenios con las entidades financieras para ampliar la cesión de pisos vacíos (actualmente, se calcula que son 3.660) y la cantidad de personas perceptoras de las ayudas para hacer frente a los pagos de la vivienda. Desde el 2012, se han doblado las unidades perceptoras, ha apuntado. Borràs también ha prometido un esfuerzo significativo en la adquisición de viviendas del parque público por tanteo y retracto. De momento, se prevé que el número de municipios inscritos se aumente de 72 a 234.

En clave de Administraciones Públicas, la consellera ha resaltado que el presupuesto incluye 225 MEUR para satisfacer el pago pendiente de la paga extra del 2012 de los empleados públicos. Además, ha afianzado la voluntad del Govern de convocar una oferta pública de 7.000 plazas, que permitirán "consolidar muchos puestos de trabajo". Sobre todo, en Mossos D'Esquadra, Enseñanza y Salud.

Por otra parte, ha reivindicado la Escuela de Administración Pública de Catalunya (EAPC) como una "estructura de estado". De hecho, su presupuesto crece un 5% el nuevo ejercicio.

Mundo local

Con respecto a la deuda contraída con el mundo local, Borràs se ha comprometido que, al acabar en el 2017, la deuda con los ayuntamientos no sobrepase el año de antigüedad. Además, ha culpado al Estado –con la "práctica intervención de las finanzas de la Generalitat" - del retraso en estos pagos con las administraciones locales. Borràs ha asegurado que la deuda viva con los ayuntamientos con la ley de barrios se ha reducido el último año y que, al mismo tiempo, crecen un 128% las transferencias por proyectos del plan de barrios, con 34 MEUR. Diez de los cuales son para nuevos programas.

Junto con el departamento de Agricultura pilotado por Meritxell Serret, la conselleria de Gobernación impulsará una nueva convocatoria para arreglar caminos públicos, dotada con cerca de 30 MEUR en tres años.

Presupuestos "continuistas"

Los grupos de la oposición han cargado contra unos presupuestos "continuistas". La diputada socialista Eva Martínez ha lanzado que las cuentas de "Artur Mas y Sánchez Camacho eran más sociales" que los que ahora ha presentado el Govern. Para Carlos Carrizosa de C's no dan respuesta a la necesaria "modernización" de la administración pública catalana después de 35 años en funcionamiento.

Marc Vidal, de CSQP, se ha quejado de que "consolidan" los recortes y la "centrifugación" de la deuda de la Generalitat a las administraciones locales. Para María José García Cuevas del PPC, las cuentas del Govern dejan en la "indefensión" los 200.000 empleados públicos de la Generalitat. En esta línea, el cupero Benet Salellas ha encontrado "incomprensible" que se mantengan las retribuciones complementarias en los altos cargos mientras no se revierten los recortes, y ha recordado que su formación ha presentado una enmienda para reducir un 19% estas retribuciones complementarias.

Los grupos de la oposición también han coincidido en criticar la tibiez de las medidas de lucha contra la exclusión residencial. Alberto Villagrasa del PPC ha asegurado que es el Govern quien "pone palos en las ruedas" en este sentido, y no el Estado, al no asistir a la conferencia de presidentes autonómicos, que abordó cuestiones como la pobreza energética. Por su parte, la CUP ha insistido en que la recaudación del impuesto turístico vaya a parar a políticas de acceso a la vivienda. El jefe de filas de CSQP, Lluís Rabell ha acusado al ejecutivo catalán de no dotar presupuestariamente la reciente aprobada ley de emergencia habitacional.

Con 10 votos en contra (JxSí y CUP) y 11 a favor (C's, PSC, CSQP y PPC) se han rechazado las enmiendas presentadas por C's, PSC, CSQP y PPC.

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