La lectura de la sentencia contra Laura Borràs aún trae cola. La presidenta suspendida del Parlament ha pedido una aclaración el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ante los "errores materiales manifiestos" que asegura haber detectado en la sentencia que le notificó esta jueves y por la cual ha sido condenada a 4 años y medio de prisión y 13 de inhabilitación por considerarla autora de un delito de prevaricación y otro de falsedad documenta durante su gestión como directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre el 2013 y el 2017.
En concreto, en un escrito que la defensa de Borràs ha presentado hoy ante el TSJC se señala que la sentencia que se le ha notificado "no lleva número", es decir, que no se puede identificar mediante la fecha y los datos del procedimiento y, en cambio, va titulada como "SENTENCIA nº", sin que este se llegue a especificar.
Petición de penas
Asimismo señala "errores materiales en relación a las conclusiones definitivas del Ministerio Público". En este punto, concreta que en el antecedente de hecho tercero de la sentencia se observa en las páginas 14 y 15 que no se ha hecho constar las penas que solicitó definitivamente la Fiscalía a los otros dos acusados del caso, a, Isaías Herrero y Andreu Pujol, "que suponen una modificación importante con respecto a las penas, solicitadas al escrito de conclusiones provisionales presentado por Fiscalia".
Según la petición que ha presentado Borràs por "error manifiesto" se han incluido las penas que provisionalmente fueron solicitadas por la Fiscalía para estos dos acusados, cuando "en realidad fueron modificadas en el trámite de conclusiones definitivas".
Las penas a que finalmente han sido condenados estos dos acusados se vieron atenuadas después que al declarar en el juicio tanto Herrero como Pujol confesaron e incriminaron a Borràs. Precisamente, el voto particular de la jueza María Jesús Manzano muestra la su discrepancia con los atenuantes que se les ha aplicado.
Este viernes, Borràs ha instado en una entrevista a 'El món a RAC1' a la Mesa del Parlament a restituirla en sus funciones en la cámara y ha asegurado que la sentencia "constata que no ha habido ningún problema de naturaleza económica" y, dado que sostiene que el reglamento del Parlament que se aplicó para suspenderla de sus derechos y deberes como diputada haca referencia a la "corrupción lucrativa", considera que ha de recuperar las plenas funciones de la presidencia de la segunda institución del país.