"Son los afectados y los ayuntamientos quienes nos informan de desahucios y emergencias. No ha sido así en este caso". Con estas palabras, la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, ha cargado vía Twitter contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, porque, al no haberlo comunicado al Govern, ha sido demasiado tarde.

"Lo que hace falta es solucionar la emergencia, buscar ayuda entre administraciones para conseguirlo y no denunciarlo cuando es demasiado tarde con tuit", ponía de manifiesto Borràs en otro mensaje en la red en relación al tuit de Colau en el que reprochaba al Govern que no hubiera hecho nada para parar este desahucio. Ésta, según Borràs, es la única información que habían recibido.

El procedimiento habitual a seguir en estos casos es que sea el propio consistorio quien se ponga en contacto con el Govern para informar de la situación y, según el Govern, eso no fue así.

En otro tuit, la consellera de Governació se ha lamentado del desahucio y ha puesto sobre la mesa que la Ley 24/2015 del PP "nos lo hace más difícil", pero ha recordado que en poco tiempo el Parlament aprobará una ley propia que facilitará los procedimientos.

Munté: "Colau se equivocó mucho"

Munté ha considerado que Colau "se equivocó y mucho" haciendo este primer tuit, pero también después diciendo que no estaba apelando a los Mossos, sino al Govern y al ejecutivo español. "No se nos puede poner al mismo nivel", se ha quejado la consellera de la Presidència, remarcando que en Catalunya "hay un gobierno que ha trabajado incansablemente para tener instrumentos para luchar contra los desahucios", mientras que el de Madrid "es absolutamente insensible y lo lleva todo al TC".

Después de lamentar que Colau "desde su responsabilidad institucional olvide" que los Mossos actúan en estos casos por mandato judicial, Munté ha pedido trabajar contra los desahucios "de forma cooperativa". "Aquí no se valen los reproches, el activismo mal entendido, y menos desde posiciones institucionales, sino el rigor y la cooperación", ha insistido. La portavoz ha indicado en que el Govern y también los ayuntamientos están haciendo "grandes esfuerzos" para luchar contra esta realidad, y ha recordado las dos cumbres para crear nuevos instrumentos alternativos a la ley suspendida por el TC.

Junqueras defiende a los Mossos

También el vicepresident del Govern y conseller d'Economia, Oriol Junqueras, ha salido este jueves en defensa de los Mossos y de su actuación en este polémico desahucio. "Los Mossos cumplen su función policial por orden judicial, y corresponde al conjunto del país establecer cuál es el marco legal", dijo Junqueras.

Del mismo modo ha denunciado la situación y ha culpado al Estado de que se produzcan casos así. "La voluntad de buena parte de la sociedad catalana y de las instituciones se ve sistemáticamente limitada y contraprogramada por las decisiones del Gobierno español. Decidimos en qué ámbito queremos tomar las decisiones y no responsabilicemos a quien no tiene las responsabilidades de las decisiones tomadas", concluyó el vicepresident apelando a Colau.

Colau reitera que "algo falló"

Después de toda la polémica surgida con el Govern a raíz del caso, Colau ha calificado de "excepcional" el dispositivo policial de antidisturbios que desplegaron los Mossos para permitir el desahucio de una madre con tres hijos de su piso. Así, reiteró que "algo falló" y que habrá que revisar los protocolos con la Generalitat para evitarlo. Para Colau, un desahucio como éste "no se puede producir en Barcelona" pero, a pesar de decir que no quiere entrar en polémicas, ha asegurado que los Mossos sí conocían el desalojo, así como el consorcio de servicios sociales de la Generalitat y el Ayuntamiento, aunque la Conselleria de Governació i Habitatge no lo supiera.

Con un tono más conciliador que este miércoles, Colau ha lamentado estas "imágenes trágicamente excepcionales" de una mujer, víctima de violencia de género, desalojada de su piso con sus tres hijos, domicilio propiedad de un gran tenedor que no quiso negociar con una deudora de buena fe. Por ello, considera que el caso debe servir de "toque de alerta para todos", para revisar y mejorar los protocolos y la coordinación con servicios sociales y cuerpos policiales de las diversas administraciones, a pesar de recordar que los servicios sociales de la Generalitat y el Ayuntamiento funcionan de forma conjunta, y aprobar lo antes posible una nueva ley de emergencia habitacional que supla la 24/2015 suspendida por el Tribunal Constitucional. De hecho, calificó al PP de "responsable principal" de casos como el de este miércoles.